Адвокат государства представит интересы налоговой службы в деле об изъятых у экс-президента Испании ювелирных украшениях

Hay imágenes que, por sí solas, dañan la confianza pública. Una caja fuerte. Joyas de alto valor. Un expresidente del Gobierno que contesta a las preguntas de un juez con evasivas. Una vergonzosa trama. Una investigación judicial abierta. Y, sobre todo, una pregunta todavía pendiente de una respuesta clara: ¿de dónde proceden esos bienes y por qué estaban allí? No se trata de condenar antes de que hablen los tribunales. En un Estado de derecho serio, nadie debe ser declarado culpable por titulares, filtraciones o sospechas. José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del gobierno español, como cualquier ciudadano, tiene derecho a la presunción de inocencia, a la defensa y a que los hechos sean examinados con garantías. Pero esa prudencia jurídica no puede confundirse con silencio ético. La vida pública exige algo más que no ser condenado: exige explicar, justificar y rendir cuentas. Según las informaciones publicadas, la Abogacía del Estado ha decidido personarse en representación de la Agencia Tributaria en una pieza separada relacionada con unas joyas intervenidas en una caja fuerte del despacho del expresidente, valoradas en torno a 1,3 millones de euros, en el marco de una investigación por posibles delitos fiscales y de contrabando. La propia Cadena SER precisó que esta personación se presenta como una decisión técnica habitual para defender los intereses de hacienda y que no presupone por sí sola la existencia de perjuicio económico para el Estado. Esa precisión es importante, porque una democracia decente no puede vivir de linchamientos, pero tampoco puede vivir de opacidades. El problema, por tanto, no es solo penal. Es moral, institucional y democrático. Cuando un ciudadano corriente debe justificar ingresos, herencias, patrimonio, transmisiones o bienes ante hacienda, no parece excesivo pedir que quien ha ocupado la Presidencia del Gobierno dé una explicación completa, documentada y verificable sobre bienes de semejante valor. La vara de medir no puede ser más blanda para quien tuvo más poder. Al contrario: cuanto más alto fue el cargo, mayor debe ser la obligación de transparencia. La confianza ciudadana no es un cheque en blanco. Los ciudadanos votan, delegan, esperan y confían. Entregan a sus gobernantes una parte esencial de su soberanía para que administren lo público con limpieza, austeridad y sentido de Estado. Por eso, cuando aparece una sombra sobre el patrimonio, los regalos, las relaciones internacionales o los bienes recibidos durante o después del ejercicio del poder, la respuesta no puede ser la ambigüedad. La respuesta debe ser documentación, fechas, procedencia, titularidad, tributación y destino. España lleva años intentando ordenar jurídicamente la relación entre regalos, poder y patrimonio público. En 2005, bajo el Gobierno del propio Zapatero, se aprobó un Código de Buen Gobierno que exigía rechazar regalos, favores o servicios que fueran más allá de los usos sociales y de cortesía. Después, la Ley de Transparencia de 2013 elevó ese principio al rango legal: los altos cargos no deben aceptar para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, y los obsequios de mayor relevancia institucional deben incorporarse al patrimonio de la Administración Pública correspondiente. La Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo, insistió además en principios como integridad, objetividad, transparencia, responsabilidad y austeridad. No son palabras decorativas. Son la arquitectura moral del servicio público. Sin ellas, la democracia queda reducida a una maquinaria electoral sin alma. Conviene recordar también un dato relevante: Zapatero declaró tras dejar La Moncloa centenares de regalos institucionales recibidos durante su mandato para que fueran incorporados al patrimonio público. Según publicó El País, ese listado incluía objetos de distinta naturaleza recibidos en el contexto de relaciones internacionales, pero no incluía las joyas ahora intervenidas, cuyo origen seguía sin estar públicamente aclarado en el momento de esas informaciones. Y ahí está precisamente el núcleo del asunto. Si esas joyas proceden de herencias familiares, de regalos privados, de adquisiciones legítimas o de cualquier otra vía lícita, debe explicarse. Si tributaron correctamente, debe acreditarse. Si no tienen relación alguna con el cargo público, debe probarse documentalmente. Pero si tuvieron un origen institucional, diplomático o vinculado directa o indirectamente al ejercicio del poder, entonces la cuestión se vuelve mucho más grave: los regalos recibidos por razón del cargo no pertenecen moralmente al gobernante, sino a la institución que representa. Ni la política ni Moncloa pueden parecer la cueva de Ali Babá donde se acumulan objetos brillantes sin inventario claro, sin trazabilidad pública y sin explicación suficiente. La comparación es dura, sí; pero más duro es el daño que la opacidad causa a la confianza democrática. Porque el ciudadano no solo paga impuestos: también sostiene con su confianza el edificio institucional. Cuando esa confianza se resquebraja, no basta con invocar la legalidad. Hace falta ejemplaridad. Un expresidente no es un ciudadano cualquiera en términos de responsabilidad pública. Puede dejar el cargo, pero no abandona completamente la esfera de deber ético que acompaña a quien ha dirigido un país. Sigue teniendo prestigio, contactos, influencia, memoria institucional y una posición simbólica. Por eso sus actos privados, cuando se cruzan con bienes de alto valor o con relaciones internacionales, tienen una dimensión pública inevitable. No se trata de perseguir a nadie por haber gobernado. Tampoco de convertir cada sospecha en sentencia. Se trata de defender una regla sencilla: quien administró la confianza de millones de ciudadanos debe ofrecer explicaciones superiores, no inferiores. La transparencia no es una humillación para el gobernante honrado; es su mejor defensa. Quien nada debe, nada pierde al documentar. Quien ha servido limpiamente al Estado debe ser el primer interesado en despejar cualquier sombra. La severidad democrática no consiste en gritar más alto. Consiste en exigir con firmeza, sin odio y sin miedo. Exigir que los bienes de valor tengan origen claro. Exigir que los regalos institucionales no se confundan con pertenencias personales. Exigir que Hacienda, los jueces y las instituciones puedan hacer su trabajo. Exigir que los partidos no conviertan la ética en un arma selectiva: dura contra el adversario, indulgente con los propios. Porque este asunto no interpela solo a Zapatero. Interpela a todos los presidentes, ministros, altos cargos, alcaldes, diputados y responsables públicos. La democracia española necesita una cultura de inventario, de trazabilidad y de rendición de cuentas. Cada regalo recibido por razón del cargo debería quedar registrado, valorado, fotografiado y destinado conforme a reglas públicas. No puede depender de la memoria, la cortesía, la discreción o la voluntad posterior del cargo saliente. Los ciudadanos estamos cansados de zonas grises. Estamos cansados de explicaciones tardías, de que la política pida confianza mientras se reserva silencios. El poder democrático no se hereda, no se posee y no se guarda en una caja fuerte. Se ejerce temporalmente y bajo vigilancia pública. Por eso, ante el caso de las joyas, la respuesta exigible es clara: que hable la justicia, sí; pero que también hable la transparencia. Que se respete la presunción de inocencia, sí; pero que no se use como excusa para evitar la rendición de cuentas. Que se investigue con garantías, sí; pero que se explique con documentos. Porque la democracia no se rompe únicamente cuando hay delito. También se deteriora cuando los ciudadanos empiezan a pensar que quienes les gobiernan viven bajo reglas distintas. Y esa sospecha, incluso antes de cualquier sentencia, ya es una derrota para la vida pública. España no necesita presidentes perfectos. Necesita presidentes responsables. Gobernantes que comprendan que la confianza popular no termina el día de las elecciones, sino que empieza ahí. Quien recibe el voto de los ciudadanos recibe también una obligación: no esconder, no confundir, no demorar, no dejar zonas oscuras donde debería haber luz. Las joyas pueden ser de oro, de plata o de piedras preciosas. Pero la joya más importante de una democracia sigue siendo otra: la confianza pública. Y esa, cuando se pierde, no hay caja fuerte ni persona que pueda custodiarla, ni siquiera Alí Babá. ---------------------- Texto elaborado sin IA Nada tan humano como hacerse preguntas. Es parte sustancial de nuestra naturaleza. Según Fernando Savater, la filosofía, o sea, el pensamiento, se define más por las preguntas que por las respuestas, si bien alguien dijo aquello de que “cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas”, frase que se suele atribuir a Mario Benedetti, pero que es original, creo, del escritor ecuatoriano Jorge Enrique Adoum.  La esencia del deporte profesional contemporáneo —y en especial del fútbol— puede resumirse en una frase que haría sonreír con amargura a Elías Canetti: 'competir hasta la muerte'. No literalmente, claro, aunque a veces la intensidad con la que se vive cada partido parece exigir certificados médicos al final del encuentro. La metáfora es transparente: el deporte ya no es un juego, sino un espejo de la vida social globalizada. No cabe duda, las esferas de los grandes relojes públicos van perdiendo actualidad. Las instituciones o edificios que las sustentaban adoptan otras orientaciones en incluso pierden ellos mismos su relevancia. La digitalización también a contribuido a dicha transformación del panorama. En otro orden de cosas asienta la manera de percibir estos cambios por el conjunto de personas.