Судебная защита Сады Горай рухнула: бизнесвумен снова отказали в сотрудничестве с прокуратурой

Una vez más fracasó el intento de la cuestionada empresaria Sada Goray por acogerse al proceso de colaboración eficaz debido a que solo dio medias verdades o buscó tendenciosamente direccionar la investigación para beneficiarse. El conductor del programa Contracorriente, Augusto Thorndike afirmó que «es la tercera vez que se le cae (a Sada Goray) la colaboración eficaz por sus artimañas, por contar medias verdades, por tratar de acomodar siempre las versiones para su beneficio». En ese sentido, detalló los “frustrados intentos de esta desesperada empresaria, que ha sido la principal corruptora del gobierno de Pedro Castillo”. Indicó que “ahora se está quedando sin ningún tipo de protección y va a volver a la cárcel. Por eso es que ahora está tratando de petardear toda la investigación, acusando a los policías que fueron a un viaje a Punta Cana con Marita Barreto sin la autorización debida, lo que es un hecho real, pero que no exime de todos estos crímenes cometidos a Sada Goray”. Como se sabe, anteriormente la Fiscalía rechazó el requerimiento de colaboración eficaz de Goray Chong, porque mintió y ocultó información. Y es que el beneficio se basa en que el aspirante reconoce todos los delitos, lo que no hizo inicialmente la propietaria de la inmobiliaria Marka Group. También porque la colaboración eficaz se sustenta en que la persona que lo pide desde el principio habla con la verdad, pero la empresaria ocultó información. Ante este panorama es que ahora Goray hace referencia a los efectivos de la Policía Nacional del Perú que viajaron a Punta Cana, República Dominicana, para participar en diligencias vinculadas al proceso de colaboración eficaz previo de Sada Goray. El despliegue policial en la zona del Caribe tenía como objetivo inicial recopilar declaraciones de la empresaria en el marco de las investigaciones por el caso de corrupción en el Fondo Mivivienda durante la gestión de Pedro Castillo. Sin embargo, la falta de resolución autoritativa y el registro de llamadas, audios y actas han generado cuestionamientos sobre la legalidad de la actuación policial fuera del territorio nacional.