Правительство Мили реориентировало бюджет: финансирование безопасности и силовых структур увеличено, а социальные выплаты и трансферты провинциям сокращены

El Gobierno dispuso una reestructuración presupuestaria que amplía recursos en áreas que considera estratégicas y recorta recursos a las provincias. El Gobierno nacional dispuso una modificación del Presupuesto que redistribuye recursos estratégicos hacia áreas de seguridad y defensa, mientras reduce partidas destinadas a asistencia social y transferencias provinciales. La medida se instrumentó mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 867/2026, con el argumento de que la urgencia impide seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución. El rediseño impacta de manera directa en las Fuerzas Armadas y en el Ministerio de Defensa, que reciben más de $217.000 millones. El Ejército suma más de $60.000 millones, la Fuerza Aérea incorpora $31.000 millones y la Armada obtiene $8.115 millones, con una partida específica para gastos reservados. La SIDE también se beneficia con un incremento superior a $30.000 millones, destinados en gran parte a la compra de equipos informáticos. Refuerzos en organismos descentralizados El Registro Nacional de las Personas (Renaper) percibe un refuerzo de $120.000 millones, con gastos en insumos químicos, servicios postales y suscripciones de internet. Por su parte, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) recibe más de $119.000 millones para el desarrollo de misiones satelitales y la construcción de cuatro satélites SARE II A, complementados con financiamiento externo del BID y la CAF. En paralelo, el Poder Judicial obtiene $111.000 millones, principalmente para gastos de personal, mientras que el Poder Legislativo incrementa sus créditos en más de $63.000 millones para sostener la actividad parlamentaria. Ajustes y recortes en el Tesoro La contracara de esta expansión se refleja en un severo ajuste sobre las obligaciones del Tesoro. El programa de “Otras Asistencias Financieras” pierde casi $288.000 millones, con un recorte de $253.000 millones en asistencia social al personal de la administración pública. Por otra parte, las transferencias corrientes a las provincias se reducen en más de $35.000 millones, mientras que los activos financieros del Tesoro sufren una baja de $202.000 millones. La decisión de la administración del Presidente Milei expone la prioridad de blindar áreas de poder mientras se recortan recursos sociales y provinciales.