Консервативные медиа получили большинство новых радиоразрешений в Валенсии после 20-летнего затора

Los medios conservadores copan las nuevas licencias de radio de la Generalitat Valenciana, paralizadas desde hace dos décadas LEER ESTE TEXTO EN CATALÁN El Gobierno valenciano comienza a desenredar la maraña de las licencias de radio comerciales, un atasco que venía desde el año 2007 y que en casi dos décadas ha conllevado una batería de procedimientos judiciales. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica este miércoles una veintena de acuerdos del Consell de l'Audiovisual, el ente competente en la concesión de licencias, que resuelven los concursos para las licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual radiofónica en ondas métricas con modulación de frecuencia, de carácter comercial, durante los próximos 15 años. Un reparto en el que las sociedades de medios conservadores como la Radio Popular S.A. (Cope) y Uniprex (Onda Cero) han conseguido las mejores puntuaciones, de acuerdo a los criterios fijados en el decreto, que conllevan la emisión de un mínimo de un 50% del contenido en valenciano. Radio Popular S.A. es la sociedad que más licencias ha obtenido en este proceso, 13 permisos en distintos municipios valencianos, incluyendo las tres capitales de provincia. Tendrá licencias en València, Castellón y Alicante, en Alcoi, en Benicarló, Benicàssim, Gandia, Monforte del Cid, Requena, Utiel, La Vall d'Uixó, Villena y Xixona. Le sigue Onda Cero, que tendrá licencia en Alcoi, Castellón, Dénia, Vinaròs, Xixona. Figura también Marengo Media, en la que según el borme es apoderado Sergio Peláez y como administradora única, Begoña Boluda del Prado, ambos vinculados a la Cope: tendrá emisora en Alcoi, l'Olleria y Xàbia. Asimismo, también han obtenido licencias Radio LP (del grupo Vocento, empresa editora de Las Provincias), Radio Mediterráneo Azul y otras emisoras locales. Medios como Libertad Digital han quedado fuera por no cumplir los requisitos de programación. En la ciudad de València han obtenido licencia Radio LP y Cadena Cope; en Alicante; solo la Cadena Cope, mientras que en Castellón han obtenido Sociedad Española De Radiodifusión (la Cadena SER), Radio Mediterráneo Azul, Uniprex (Onda Cero), Radio Popular, SA – COPE, Radio LP (del grupo Vocento) y Radio Siete Mecomlys. El concurso para esta prestación del servicio lleva años atascado. Arrancó en el año 2007, con el gobierno de Francisco Camps, pero en 2011 se declaró desierto. Volvió a arrancar meses después, esta vez con el Consell de Alberto Fabra. En 2016, el Consell de Ximo Puig (PSPV y Compromís) acordó suspender la tramitación “por la concurrencia de razones de interés público que hacían inviable e inconveniente la resolución del procedimiento en sus propios términos”. Según la mesa técnica de contratación, “constató la imposibilidad de formular una propuesta de adjudicación debidamente motivada, dado que los informes técnicos de valoración obrantes en el expediente, tras años de tramitación, resultaban insuficientes para sustentar una decisión jurídicamente sólida”. En 2018 se convocó otro concurso, que abría la puerta a operadores no comerciales, como universidades o emisoras íntegramente en valenciano, una forma de compensar la falta de radiotelevisión pública con contenidos en lengua propia. Por el camino, varios operadores de radio recurrieron, y los diferentes concursos han llevado sus respectivos caminos judiciales. Una decena de resoluciones judiciales fue tumbando el primer acuerdo del gobierno progresista, enredando aún más la maraña. Para cuando llegaron las primeras sentencias, el Ejecutivo había hecho nuevos acuerdos. En 2020, el Consell decidió paralizar los procesos hasta que llegara la doctrina del Tribunal Supremo. Finalmente, en 2024, ya con Carlos Mazón al frente, se acordó seguir el procedimiento. En 2020 la nueva norma audiovisual valenciana determinó que el Consell del Audiovisual asumiera las competencias en materia de concesión de licencias de comunicación audiovisual, incluyendo la tramitación y resolución de los procedimientos pendientes derivados del concurso de 2011 y la ejecución de las sentencias judiciales firmes recaídas en relación con el mismo.