В департаменте Гуила учителя сталкиваются с перебоями в получении лекарств и угрозами

Durante las últimas semanas, docentes del Huila han tenido que enfrentar dificultades para acceder a medicamentos que requieren de manera permanente, mientras otros permanecen a la espera de respuestas frente a amenazas y casos de extorsión. A esto se suma la preocupación de las familias por el posible reclutamiento de menores en algunas zonas rurales del departamento. El presidente de la Asociación de Institutores Huilenses (ADIH), Jhan Jhefferson Pacheco, habló sobre estas situaciones y las gestiones que adelanta el sindicato. DIARIO DEL HUILA, HUILA POR: ANDREA BELTRÁN CRUZ La entrega de medicamentos para los usuarios del sistema de salud del magisterio presentó dificultades durante cerca de tres semanas en el Huila, una situación que generó preocupación entre docentes activos, pensionados y beneficiarios que dependen de tratamientos permanentes para atender distintas enfermedades. Aunque en los últimos días el servicio comenzó a normalizarse, desde la Asociación de Institutores Huilenses (ADIH) advirtieron que la suspensión afectó especialmente a personas con enfermedades crónicas, tratamientos oncológicos y patologías de alto costo. Así lo manifestó Jhan Jhefferson Pacheco, presidente de la ADIH, quien explicó que la situación se habría originado por retrasos en los pagos que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), a través de la Fiduprevisora, debía realizar al operador encargado de la dispensación de medicamentos en el departamento. PUEDE LEER: Ejército acompañó a militares heridos en Algeciras De acuerdo con el dirigente sindical, durante aproximadamente 21 días se presentaron serias dificultades para que los docentes pudieran reclamar sus fórmulas médicas. “Producto de unas cuentas que, según expresó el operador, no habían sido canceladas por parte del FOMAG a través de la Fiduprevisora, se suspendió la entrega de medicamentos durante cerca de tres semanas”, explicó Pacheco. La situación generó preocupación entre el magisterio, especialmente porque muchos docentes dependen de tratamientos permanentes para controlar enfermedades de base. Según indicó, la suspensión afectó principalmente a quienes requieren medicamentos de uso diario para controlar enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión y otras patologías, así como a pacientes que reciben tratamientos especializados. “Hay maestros que necesitan medicamentos todos los días y otros que reciben tratamientos oncológicos o para enfermedades catastróficas. La suspensión de estos medicamentos pone en grave riesgo la vida de los docentes y de sus familias”, señaló Pacheco. Desde la ADIH rechazaron la suspensión de la entrega de medicamentos y señalaron que las diferencias económicas o administrativas entre las entidades responsables del sistema no deberían terminar afectando a los usuarios. “El FOMAG y la Fiduprevisora deben cumplir oportunamente con los pagos para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a presentarse”, afirmó Pacheco. El dirigente sindical también cuestionó la decisión del operador de suspender el servicio mientras reclamaba los recursos pendientes. “No compartimos que se utilice a los maestros como herramienta de presión para reclamar recursos que finalmente iban a ser cancelados”, dijo. Para Pacheco, las dificultades administrativas no pueden convertirse en una barrera para quienes necesitan medicamentos de manera continua. Más de 25 mil usuarios dependen del sistema Actualmente, el sistema de salud del magisterio en el Huila atiende aproximadamente a 25.000 usuarios entre docentes activos, pensionados y sus beneficiarios. Aunque no existe una cifra exacta sobre el número de fórmulas pendientes por entregar durante la contingencia, la organización sindical estima que entre el 40% y el 50% de las personas que habitualmente utilizan el servicio pudieron verse afectadas. “No todo el mundo necesita medicamentos al mismo tiempo porque no todos están en tratamientos permanentes, pero sí creemos que entre el 40 y el 50% de quienes utilizan el servicio pudieron verse afectados”, indicó. Una de las novedades anunciadas por la ADIH es la entrada en funcionamiento de un nuevo operador para la dispensación de medicamentos. Según explicó Pacheco, después de los reclamos realizados por la organización sindical y otras gestiones adelantadas, la Fiduprevisora contrató una nueva empresa que comenzaría a operar entre el 1 y el 2 de agosto. El nuevo operador sería Salud Vital, que iniciaría la atención en Neiva y posteriormente ampliaría su cobertura hacia otros municipios del departamento. De esta manera, los docentes contarían con dos alternativas para reclamar sus medicamentos. “Los maestros podrán acudir a Emcosalud o también a Salud Vital para reclamar las fórmulas médicas”, explicó Pacheco. Inicialmente, el nuevo operador tendrá atención en Neiva y posteriormente instalará puntos de dispensación en Pitalito, Garzón y La Plata. La meta es que antes del 31 de agosto se encuentre operando en las principales cabeceras municipales del departamento. La expectativa del sindicato es que la presencia de ambos operadores contribuya a mejorar la atención y reducir los tiempos de espera. “Esperamos que con la llegada del nuevo operador la entrega de medicamentos mejore sustancialmente para los docentes y sus familias”, afirmó. Persisten problemas de seguridad para los docentes Mientras se intenta superar la situación relacionada con los medicamentos, la ADIH mantiene otra preocupación sobre la mesa: las condiciones de seguridad que enfrentan docentes en diferentes municipios del Huila. Aunque durante el año se han activado distintas rutas de protección, el sindicato asegura que todavía existen casos que permanecen sin una respuesta definitiva. “Seguimos acompañando cada una de las denuncias que presentan los docentes y realizando seguimiento ante la Secretaría de Educación, la Defensoría del Pueblo y otras entidades para proteger la vida e integridad de los maestros”, indicó Pacheco.Uno de los puntos que más inquieta a la organización sindical es la demora en los estudios de riesgo adelantados por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Actualmente existen entre siete y ocho casos que llevan más de un año esperando una decisión sobre el nivel de riesgo de los docentes. Mientras se emite este concepto, algunos maestros permanecen en traslados temporales sin que se defina de manera definitiva su situación laboral. En total, cerca de 18 docentes continúan con rutas de protección activadas mientras esperan la evaluación oficial de la UNP. Tres casos reconocidos oficialmente Pacheco explicó que hasta ahora únicamente tres docentes han recibido el reconocimiento formal de una situación de riesgo extraordinario. Además, dos casos han sido catalogados como desplazamiento forzado. Sin embargo, buena parte de las solicitudes de protección están relacionadas con denuncias por extorsión, situación que constituye una de las principales preocupaciones para la ADIH. Según explicó el dirigente sindical, desde 2024 se han activado varias rutas de protección a raíz de llamadas y amenazas extorsivas. Se estima que existen entre 26 y 27 casos de docentes que han denunciado este delito. No obstante, según Pacheco, la UNP suele considerar que la extorsión no está directamente relacionada con el ejercicio de la labor docente, por lo que en varios casos no se reconoce un riesgo extraordinario. Esta situación puede llevar a que algunos maestros tengan que regresar a los municipios donde fueron amenazados. “Nos oponemos rotundamente a que un maestro tenga que volver al mismo territorio del que salió denunciando una extorsión, porque eso pone en alto riesgo su vida”, advirtió. Preocupación por el reclutamiento de menores A las dificultades de salud y seguridad se suma otra situación que, según la ADIH, comienza a generar preocupación entre las familias y las comunidades educativas de algunas zonas rurales del departamento. Se trata del temor frente al posible reclutamiento de menores por parte de grupos armados, una situación que estaría llevando a algunas familias a tomar la decisión de trasladar a sus hijos desde instituciones educativas rurales hacia colegios ubicados en las zonas urbanas. Pacheco señaló que durante este año han observado un aumento de estudiantes que dejaron instituciones rurales para matricularse en colegios urbanos, especialmente en el municipio de La Plata. Aunque no entregó cifras oficiales sobre la cantidad de casos, aseguró que el fenómeno se ha hecho evidente para el sector educativo y que detrás de estos cambios estaría la preocupación de los padres por la seguridad de sus hijos. “Hemos observado que un número importante de familias está trasladando a sus hijos desde la zona rural hacia la zona urbana por temor al reclutamiento”, señaló. La situación representa una preocupación adicional para las comunidades educativas, debido a que el traslado de estudiantes modifica la dinámica de las instituciones rurales y evidencia las dificultades que enfrentan algunas familias para mantener a sus hijos en los establecimientos educativos de sus lugares de residencia. PUEDE LEER: Sismo afectó 47 colegios del Huila Para el sindicato, este comportamiento refleja las dificultades de seguridad que todavía enfrentan algunas comunidades del departamento y plantea nuevos retos para las autoridades educativas, especialmente frente a la necesidad de garantizar que los estudiantes puedan continuar con su formación en condiciones de seguridad. La ADIH espera que las dificultades en la entrega de medicamentos puedan superarse con la entrada del nuevo operador, mientras mantiene el seguimiento a los casos de docentes que han denunciado amenazas y extorsiones. De esta manera, el sindicato continúa centrando sus reclamaciones en dos situaciones que afectan directamente al magisterio: el acceso oportuno a los servicios de salud y las condiciones de seguridad en las que los docentes deben desarrollar su labor. Pacheco insistió en la necesidad de que los trámites relacionados con la atención en salud y las rutas de protección tengan respuestas oportunas, especialmente en los casos que involucran tratamientos médicos permanentes o situaciones que puedan comprometer la seguridad de los maestros.