Испанская корона официально признала права индейцев Хипихабы на исконные земли

El viaje más importante de Manuel Inocencio Parrales y Guale no comenzó a bordo de un barco. Empezó en los caminos de Jipijapa, donde entendió que la mayor riqueza de su pueblo no era el tabaco que la Corona obligaba a sembrar, sino la tierra heredada de sus antepasados. Esa certeza lo llevó a recorrer Quito, Bogotá y Madrid en una travesía excepcional para un líder indígena del siglo XVIII, decidido a conseguir un reconocimiento que parecía inalcanzable. Un viaje que comenzó en los caminos de Jipijapa Manuel Inocencio Parrales y Guale nació el 17 de junio de 1745 en Jipijapa, entonces parte de la Tenencia de Gobernación de Portoviejo. Era hijo de Inocencio Parrales, mestizo, y de Manuela Guale, descendiente de una familia de antiguos caciques indígenas. Desde niño recibió una educación poco común para la época. El párroco Francisco Ruiz-Cano y Arellano le enseñó a leer, escribir y dominar el castellano, conocimientos que más tarde se convertirían en su principal herramienta para enfrentar a las autoridades coloniales. Su vida cambió cuando, en 1778, la Corona española estableció el Estanco del Tabaco en Portoviejo. Los indígenas de Jipijapa fueron obligados a sembrar tabaco en tierras que apenas permitían ese cultivo. Quienes se resistían sufrían encarcelamientos, procesos judiciales y constantes abusos por parte de los funcionarios encargados del monopolio. Dos años después, una Real Cédula emitida por el rey Carlos III abrió una posibilidad para los pueblos indígenas: reconocer legalmente las tierras que ocupaban desde tiempos inmemoriales. Parrales comprendió que esa disposición podía convertirse en el escudo legal que su comunidad necesitaba. En 1782, tras la muerte del cacique Antonio Soledispa, fue elegido cacique y gobernador del Común de San Lorenzo de Jipijapa. Desde ese momento comenzó una intensa labor para reunir testimonios, definir los límites ancestrales del territorio y conseguir el respaldo de autoridades civiles y religiosas. El objetivo era claro: obtener un título oficial que protegiera las tierras de los continuos intentos de despojo. Sin embargo, el camino apenas empezaba. Primero viajó a Quito para presentar la causa ante la Real Audiencia. Como las respuestas nunca llegaban, continuó hasta Bogotá, sede del Virreinato de Nueva Granada. Y cuando tampoco encontró una solución definitiva, emprendió una travesía que parecía impensable para un líder indígena de finales del siglo XVIII: cruzó el océano Atlántico y llegó hasta Madrid. En la Corte española presentó un memorial en defensa de los derechos de su pueblo. El 17 de febrero de 1794 obtuvo una Real Cédula que ordenaba remitir nuevamente el expediente a la Audiencia de Quito para continuar el proceso de reconocimiento de las tierras comunales. Una victoria que llegó cuando él ya no estaba De regreso en América, Parrales no dejó de luchar. Acompañó los nuevos reconocimientos del territorio, supervisó las mediciones realizadas por el juez de tierras y respondió una por una las objeciones de los fiscales que sostenían que los indígenas no necesitaban títulos escritos o que reclamaban un territorio demasiado extenso. Con argumentos, explicó que aquellas tierras, aunque secas y poco fértiles, eran indispensables para la supervivencia de las comunidades. Allí se encontraban los manantiales de agua, los espacios para el pastoreo, las zonas de cultivo, los bosques que proporcionaban paja toquilla, mocora, cabuya y madera, además de los puertos desde donde obtenían pescado y otros recursos esenciales para su subsistencia. Pero la batalla no solo se libraba contra las autoridades coloniales. También surgieron conflictos con su gente. Algunos caciques intentaron apropiarse de parcelas para beneficio personal y, cuando Parrales se opuso, terminaron denunciándolo ante las autoridades de Quito. Las acusaciones encontraron respaldo en el presidente de la Audiencia, quien incluso puso en duda que el cacique hubiera viajado hasta España. Desgastado por años de litigios y enfrentamientos, Manuel Inocencio Parrales renunció a su cargo en junio de 1801. Se estableció en Pichota (hoy Rocafuerte), donde trabajó como tenedor de libros, mientras una enfermedad pulmonar deterioraba rápidamente su salud. Buscó alivio en Santa Elena, pero falleció el 4 de mayo de 1806. La justicia llegó demasiado tarde para él. La Corona española confirmó oficialmente la posesión ancestral del Común de los Indios de Jipijapa sobre sus tierras. La sentencia reconocía, finalmente, aquello por lo que Parrales había recorrido miles de kilómetros y enfrentado al poder colonial.