В Бургосе зафиксирован парадокс интеграции: рост найма мигрантов на фоне кризиса с жильем

El balance de la actividad que la entidad Burgos Acoge llevó a cabo en 2025, y que publicó el pasado 31 de julio, pone en evidencia la paradoja de la relación de la ciudad y la provincia con la población migrante. Las cifras de la asociación con respecto a los dos aspectos básicos que cualquier persona va buscando cuando cambia de país para conseguir una vida mejor, el empleo y la vivienda, indican que no van en paralelo sino todo lo contrario. Porque si bien la inclusión laboral del colectivo tuvo unos grandes resultados como lo demuestran las cifras, la dificultad para conseguir un sitio digno donde vivir empaña el cuadro final de una integración real. A lo largo de todo el año pasado, 88 personas consiguieron un contrato laboral asesoradas por Burgos Acoge, lo que se achaca a lo que la entidad denomina "nuevo arraigo socioformativo", que tiene que ver con la mayor formación con la que llegan los extranjeros pero también con la multiplicación de las acciones formativas ofrecidas que se ha experimentado en la asociación. La otra base sobre la que pivota este éxito es la imperiosa necesidad de mano de obra de la empresa burgalesa ante la falta de trabajadores locales. Una vez encontrado el modo de obtener el sustento, las y los migrantes se han encontrado con lo que Burgos Acoge califica de "muro de la vivienda": solo 42 personas lograron un alquiler propio "ante la falta de oferta y la discriminación inmobiliaria", aspecto este último que no es la primera vez que se denuncia. Las causas son, a su juicio, "la escasez de viviendas en alquiler, el aumento de la infravivienda y las prácticas discriminatorias que continúan dificultado el acceso al mercado residencial para las personas migrantes". Nuria Revilla, coordinadora de la entidad, explicaba en este periódico el año pasado que existe, además, una enorme desconfianza y también miedo entre la población a tener problemas con los inquilinos, por lo que en muchas ocasiones Burgos Acoge media entre ambas partes. Pero las exigencias son infinitas: Que presenten doce nóminas por lo menos, además de la fianza, que tengan un contrato indefinido con una antigüedad de varios años, que sus ingresos económicos no procedan de ayudas públicas, que sea una familia sin niños, que no sean negros, que no sean subsaharianos, que no sea una madre sola con criaturas a su cargo, que las mujeres no lleven velo... Todas estas circunstancias que plantean los propietarios y de las que son testigos prácticamente a diario en la asociación les permite asegurar, sin dudar, que hay un fuerte componente racista en muchos de los propietarios, "prácticas discriminatorias" lo llaman. MAYOR COMPLEJIDAD. Esta situación sumada a la digitalización de la administración y los cambios normativos introducidos el año pasado en el reglamento de extranjería ha hecho que la atención a cada uno de los casos que llegan requiera "más tiempo de dedicación y mayor dotación de recursos para garantizar el efectivo acceso a derechos". Así, la asociación revela que durante 2025 atendió a 2.979 personas procedentes de 72 países diferentes, lo que supuso un 4,71% más que el año anterior. También los números indican "el inicio de una segunda ola migratoria intensa": fueron 25.042 las consultas a las que se les dio respuesta, hubo 2.979 personas con expediente individual y el 50% de ellos fueron de nueva creación. Las personas que solicitaron ayuda provienen mayoritariamente de América Latina (el 66,23%) y de entre ellas destacan por su número las procedentes de Colombia, casi el 30% del total; las mujeres son algo más de la mitad y en cuanto a las edades, más del 70% tienen entre 18 y 50 años. De ese total, 5.813 fueron consultas sociales, frente a las 4.700 que Burgos Acoge se había marcado como objetivo para el conjunto del año. Son 1.113 más y un 23,7% por encima de lo previsto. El crecimiento fue todavía mayor en el área jurídica, que contabilizó 5.424 consultas, cuando la previsión era de 3.500: 1.924 más, un 55% por encima del objetivo inicial. Entre ambas áreas suman las 11.237 atenciones registradas. Una parte importante de esa presión sobre el servicio jurídico estuvo relacionada con la modificación legal en materia de extranjería. Casi tres de cada diez consultas, el 29,81%, estuvieron vinculadas al arraigo. El 20 de mayo del año pasado entró en vigor el nuevo Reglamento de Extranjería, que cambió de forma importante las vías para regularizar la situación de las personas migrantes. Entre otras novedades, redujo de tres a dos años el tiempo de permanencia exigido con carácter general para acceder al arraigo -que es la autorización excepcional que permite obtener la residencia a una persona extranjera que ya lleva un tiempo viviendo en España y cumple determinados requisitos- y amplió sus modalidades: sociolaboral, social socioformativo, de segunda oportunidad y familiar. Este cambio, sin embargo, introdujo una dificultad especialmente importante para los solicitantes de protección internacional. El tiempo durante el que una persona permanece en España mientras se tramita su petición de asilo dejó de contar para acreditar los dos años necesarios para solicitar posteriormente el arraigo. De este modo, si finalmente se le deniega la protección internacional, puede encontrarse con que los meses o incluso años que ha vivido legalmente en España mientras esperaba la resolución no le sirven para cumplir ese requisito. El propio reglamento estableció inicialmente una vía transitoria para quienes ya se encontraban en esa situación: las personas cuya solicitud de protección internacional hubiera sido denegada de forma firme podían acceder al arraigo después de permanecer al menos seis meses en situación irregular. La consecuencia paradójica era que, para poder acogerse a esa posibilidad, debían pasar previamente por un periodo de irregularidad administrativa. Todas estas circunstancias son las que están detrás del incremento de la carga de trabajo que reflejan las estadísticas de Burgos Acoge: en el año 2025, el 34,78% de las personas atendidas se encontraba en situación irregular, el grupo más numeroso entre las situaciones administrativas recogidas por la entidad (también han trabajado con gente en situación regular y con estancia de turista). El cambio normativo multiplicó además la necesidad de asesoramiento para determinar qué vía de regularización podía utilizar cada persona y en qué momento podía hacerlo.