Экологический активист Terraferida требует запретить строительство частных бассейнов на Мальорке

Terraferida, colectivo ecologista mallorquín fundado en 2015 y centrado en denunciar la expansión urbanística, turística e inmobiliaria de la isla, ha reclamado que se prohíba la construcción de nuevas piscinas privadas en suelo urbano, que se endurezcan las restricciones en suelo rústico para complicar estos desarrollos y que se penalicen los consumos elevados de agua. La organización sostiene que Mallorca ha vivido una fuerte proliferación de piscinas durante la última década y cifra en 10.680 las nuevas instalaciones construidas entre 2015 y 2024, a un ritmo medio de 1.068 al año, unas 89 al mes y cerca de tres al día. Palma concentra 1.368 nuevas piscinas, seguida de Marratxí con 815, Calvià con 725, Llucmajor con 668, Santanyí con 666 y Manacor con 649. El primer matiz relevante aparece en la propia distribución territorial de esos 10.680 nuevos vasos. Según Terraferida, 7.441 se construyeron en suelo urbano y 3.239 en suelo rústico. En términos porcentuales, el 69,7% de las nuevas piscinas corresponde a zonas urbanas y el 30,3% a suelo rústico. Es decir, siete de cada diez nuevas piscinas no se localizan en el campo mallorquín, sino en áreas ya urbanizadas. La organización estima que Mallorca cuenta ya con al menos 73.180 piscinas, frente a unas 62.500 contabilizadas anteriormente, lo que supone un aumento aproximado del 17% en una década. Más importante que el número bruto de piscinas es su peso real sobre el consumo de agua. Terraferida ha empleado como referencia cálculos anteriores que situaban en unos 5 millones de metros cúbicos anuales las pérdidas por evaporación de las aproximadamente 62.500 piscinas existentes en Mallorca. La cifra suena abultada, pero este volumen equivale a un muy reducido 5% del consumo urbano registrado en el enclave balear. Dicho de otra manera, incluso aceptando íntegramente esa estimación, aproximadamente 95 de cada 100 litros de agua del consumo urbano responden a usos distintos. La comparación con otras partidas hídricas también ayuda a dimensionar el fenómeno. Investigaciones de la Universidad de las Islas Baleares han estimado que la actividad turística explica en torno al 24% del consumo de agua del archipiélago, aproximadamente 33 millones de metros cúbicos anuales. Frente a esa cifra, los 5 millones de metros cúbicos atribuidos a la evaporación de las piscinas de Mallorca representan alrededor de una sexta parte. En municipios de elevada intensidad turística, los estudios realizados a partir del excepcional periodo de "turismo cero" de 2020 detectaron caídas del consumo de hasta el 58%, mientras que en municipios de intensidad media la reducción rondó el 40% y en los de menor especialización turística se quedó en torno al 14%. El sistema balear dispone además de una capacidad significativa de producción de agua desalada. En 2024, la producción mensual conjunta de las desaladoras de las islas pasó de aproximadamente 1,54 millones de metros cúbicos en enero a cerca de 3,95 millones en agosto. Ese volumen de agosto equivale por sí solo a casi el 80% de los 5 millones de metros cúbicos que se atribuyen a todo un año de evaporación de las piscinas de Mallorca. En términos anuales, la desalación, la regeneración de aguas depuradas, las reservas subterráneas y las redes municipales forman parte de un sistema mucho más amplio que el consumo asociado a las piscinas. Propiedad y eficiencia Más allá de todo lo anterior, la propuesta plantea un problema evidente en términos de derecho de propiedad. No se limita, por ejemplo, a exigir que quien consuma más agua pague más por ella, sino que pretende impedir de forma general que un propietario pueda construir una piscina dentro de una parcela urbana de su propiedad, incluso aunque cumpla el planeamiento, financie íntegramente la obra y asuma después el coste del agua utilizada. Vulneración de la propiedad privada en toda regla. Y precisamente ahí aparece la cuestión de la eficiencia, ligada sobre todo a precios e incentivos. Si el problema que se quiere abordar es que el agua es escasa, lo razonable entonces es que su precio refleje esa escasez mediante tarifas progresivas, de forma que el consumo básico siga siendo asequible y los usos extraordinarios resulten más costosos. Eso permite que cada hogar decida si prefiere dedicar más agua a una piscina, a un jardín o a cualquier otro uso, siempre pagando el coste correspondiente. A ello pueden sumarse incentivos para instalar cubiertas que ayudan a reducir la evaporación, sistemas de recirculación para contener fugas y aprovechar mejor cada lleno, sistemas de filtrado para la reutilización de agua y, por supuesto, mejoras de red. Pero nada de esto tiene relevancia en la propuesta de Terraferida. ONG clave para la izquierda balear Terraferida no ha sido un actor marginal en la política balear, sino una de las organizaciones ecologistas con mayor capacidad de presión sobre la izquierda durante los años del llamado Pacto de Progreso. Su influencia se dejó sentir especialmente sobre MÉS, cuyo electorado y discurso eran mucho más sensibles a las campañas sobre territorio, urbanismo y turismo, hasta el punto de que las críticas de Terraferida podían convertirse en un problema político interno para el bloque izquierdista. La relación, sin embargo, terminó en desencanto y en 2023 el propio colectivo acusó a los partidos de izquierdas de ser un "muro impermeable" frente a sus propuestas, una queja que en realidad confirma hasta qué punto aspiraban a condicionar la agenda ambiental y territorial del Gobierno de las islas. La izquierda, contra las piscinas La piscina lleva años convertida por una parte de la izquierda cultural y ecologista en algo más que un simple equipamiento doméstico. En 2021, Jorge Dioni López publicó La España de las piscinas, un ensayo que utilizaba las urbanizaciones con piscina como símbolo de un determinado modelo social: clases medias propietarias, vida suburbana, coche privado, colegios concertados, seguros médicos y menor dependencia de los servicios públicos. El libro vinculaba además ese tipo de urbanismo con una mayor inclinación hacia posiciones políticas conservadoras, convirtiendo la piscina en una suerte de emblema cultural de una España aspiracional que escapa parcialmente de los circuitos públicos tradicionales - y llamando a restringir este tipo de desarrollos para lograr que la izquierda vuelva a avanzar posiciones sociales en nuestro país. Ese marco llegó pronto a Baleares. En 2022, El País publicó una columna titulada La Mallorca de las piscinas, inspirada precisamente en esa lectura y apoyada en imágenes difundidas por Terraferida para presentar la proliferación de piscinas como expresión de un modelo territorial y turístico considerado insostenible. La ofensiva actual del colectivo no surge, por tanto, en el vacío: se inserta en una corriente más amplia que ha convertido el chalet, la urbanización y la piscina privada en símbolos políticos y culturales, hasta el punto de que el debate sobre el agua termina mezclándose con una crítica mucho más profunda a la propiedad, al consumo privado y al modelo de vida de amplias capas de la clase media. Temas Cambio climático Compromís Islas Baleares