Губернаторство Кордобы передало в прокуратуру два дела о мошенничестве в сфере образования

La gobernación de Córdoba puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación dos situaciones relacionadas con el sector educativo del departamento, luego de recibir información y adelantar las respectivas verificaciones desde las dependencias competentes. El primer caso está relacionado con denuncias recibidas sobre un ciudadano que, presuntamente, se estaría haciendo pasar por funcionario de la administración departamental para ofrecerle a docentes y particulares supuestas gestiones relacionadas con nombramientos, traslados y acceso a cargos, a cambio de dinero. Según la información conocida, esta persona habría solicitado sumas de entre 10 y 40 millones de pesos a sus víctimas. De acuerdo con las indagaciones, además de utilizar presuntamente el nombre de la gobernación de Córdoba, la persona señalada en oportunidades anteriores habría manifestado tener vínculos con entidades como Fiscalía General de la Nación, DIAN y Contraloría. Ante estos hechos, desde la gobernación de Córdoba instauraron la denuncia por presunta estafa bajo la modalidad de masa, para que adelanten las investigaciones correspondientes y las autoridades judiciales tomen el control del caso. Además, la Secretaría de Educación Departamental detectó presuntas inconsistencias en documentos utilizados para el trámite de incapacidades médicas por parte de una docente de un plantel educativo oficial. Al conocer la situación, la cartera solicitó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) la verificación de los documentos y recibió confirmación de que algunos de ellos no correspondían a incapacidades válidas, por lo que la gobernación instauró una denuncia por el delito de presunta falsedad en documento privado y fraude procesal, para que sea este ente el que determine las circunstancias en las que se usaron los documentos presentados por la educadora y las responsabilidades que esto conlleva. “Ambos casos son independientes y se encuentran en manos de las autoridades competentes. La obligación de la gobernación de Córdoba es poner en conocimiento de las autoridades cualquier hecho que pueda afectar la transparencia de los procesos públicos y eso se hizo”, se lee en un comunicado de la gobernación que fue proferido este lunes 7 de septiembre.