Эксперт назвал коррупцию при распределении гуманитарной помощи в Колумбии преступлением против человечности

Robarle al desamparado no solo es un delito financiero, sino un ataque contra nuestra reserva ética y un delito moral de lesa humanidad. El rugido de la tierra despierta un instinto primordial que la cotidianidad suele adormecer. Cuando un terremoto sacude los cimientos de una región en Colombia, no solo se desploman los edificios; también se resquebrajan las barreras invisibles que dividen a la sociedad. En medio de la catástrofe, emerge la solidaridad, un concepto que va más allá de la simple ayuda material y que se define como la determinación firme y perseverante de comprometerse por el bien común, reconociendo el dolor ajeno como un asunto propio. En estos momentos de crisis, la solidaridad beneficia a Colombia y se convierte en el único pegamento social capaz de reconstruir lo que la naturaleza destruyó, pues supera la lentitud del aparato estatal y devuelve algo de dignidad a miles de damnificados. 1. Una solidaridad limpia: Apolítica y laica La Constitución colombiana no dejó la solidaridad únicamente en el terreno de los buenos sentimientos. La convirtió en uno de los fundamentos del Estado Social de Derecho. El artículo primero establece que Colombia se funda, entre otros principios, en la solidaridad de las personas que la integran, mientras el artículo 95 señala como deber de la persona y del ciudadano obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud.  La Corte Constitucional ha desarrollado ampliamente este concepto y ha señalado quela solidaridad inspira la convivencia en la cooperación y no en el egoísmo. Entender la solidaridad exige despojarla de cualquier interés oculto. Para mí, la verdadera solidaridad es apolítica y laica. Históricamente, la ayuda mutua en nuestro país estuvo ligada a la caridad religiosa o al asistencialismo clientelista, donde el auxilio pasaba por el filtro del púlpito o por la promesa electoral de un caudillo. Hoy, la auténtica empatía colectiva nace de la horizontalidad. No surge del temor a un castigo divino ni del cálculo de votos de un partido; brota de la pura identificación con la fragilidad humana. Esta independencia ideológica y espiritual es precisamente lo que la hace limpia. En un país profundamente polarizado, la catástrofe opera como un desintoxicante social. En las cadenas humanas para remover escombros o en las filas para donar sangre, el sesgo desaparece. La empatía laica entiende que el hambre, el frío y el duelo no tienen partido político; es el ciudadano común rescatando al ciudadano común por el simple hecho de ver en el otro a un igual. 2. El fin supremo y los riesgos de la intermediación La solidaridad no puede quedarse en un destello de emoción pasajera. Para que se ejerza de manera real, debe cumplir con su fin supremo: que le llegue de forma efectiva a los necesitados. No basta con donar. La solidaridad solamente se completa cuando aquello que se entrega llega a quien lo necesita. La ayuda debe traducirse en techos, alimentos y medicinas que alivien el desamparo real de las comunidades afectadas, respetando su dignidad en lugar de imponer visiones centralistas. Para lograr este fin, la solidaridad puede ejercerse de dos formas: directa o a través de intermediarios. El ciudadano que viaja a la zona de desastre a entregar un mercado ejerce una acción directa, y apareja riesgos de acuerdo con la magnitud de los desastres. A veces las ayudas no se entregan de manera racional, pero cuando la catástrofe es mayúscula, se requiere de terceros —como agencias estatales, fundaciones o grandes organizaciones— para canalizar los esfuerzos. En la intermediación es justamente donde nace el riesgo. La intermediación humanitaria es un cuello de botella peligroso. Por esta razón, las entidades encargadas de recibir y distribuir la ayuda deben cumplir con dos requisitos innegociables: un reconocimiento ético intachable y una infraestructura óptima. No basta con tener buenas intenciones; se necesita capacidad logística para hacer de la solidaridad algo eficiente y eficaz. Si una organización tiene la infraestructura pero carece de ética, la ayuda se desvía; si tiene ética pero carece de infraestructura, los alimentos se pudren en las bodegas. Ambas fallas son inaceptables. Para blindar este proceso, la veeduría ciudadana se vuelve indispensable.  3. El mensaje central: Un crimen contra la condición humana Llegamos aquí al punto crítico y al mensaje fundamental de esta reflexión: si la solidaridad no cumple con su finalidad porque los recursos quedaron atrapados en las manos de los intermediarios, esto constituye un delito de lesa humanidad en sentido moral. No estamos ante un simple delito financiero. No es un hurto ordinario a las arcas del Estado ni un acto de viveza burocrática. Robar la ayuda humanitaria es un acto de crueldad extrema. Aunque los códigos penales internacionales exigen requisitos técnicos estrictos para tipificar jurídicamente un crimen de lesa humanidad, el impacto real de este saqueo provoca el mismo efecto devastador: la desprotección absoluta, deliberada y sistemática de una población vulnerable en su momento de mayor indefensión. Para entender la magnitud de este crimen moral, basta mirar las cifras. Tras el reciente sismo, las donaciones del empresariado superaron los 1.600 billones de pesos y la cooperación internacional inyectó más de 1.300 millones de dólares. Con esos recursos, administrados con honestidad, se podría construir desde cero un municipio entero con 12.000 viviendas de interés social, colegios, hospitales y estadios. Por lo tanto, cuando un intermediario corrupto se queda con ese dinero, lo que está haciendo materialmente es desaparecer un pueblo entero que debió nacer para salvar a las víctimas. Despojar a un damnificado de su comida o su techo es atentar directamente contra su derecho a la vida y a la dignidad. Conclusión: Hay que proteger nuestra reserva moral Cuando los ciudadanos descubren que su generosidad fue instrumentalizada o saqueada, aparece el dolor y la desconfianza. La próxima vez que la tierra tiemble, la mano que antes se estiraba para dar se cerrará con desconfianza. Por eso, señalar la corrupción humanitaria como un crimen atroz contra el alma de la sociedad es el primer paso para defendernos. Exigir un rigor ético único a los intermediarios no es un acto de sospecha destructiva; al contrario, es la forma más alta de proteger el impulso generoso de la gente y garantizar que, cuando el suelo vuelva a moverse, la empatía siga intacta para levantar a los caídos. Juan Guillermo Sepúlveda Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Reconocido por la Organización de los Estados Americanos (OEA) como generador de confianza en América Latina. Criminólogo por la Universidad de Barcelona (España) y Magíster en Prevención y Seguridad por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).