В полиции Сан-Хуана начато административное расследование в отношении инспектора Матиаса Карризо

El episodio protagonizado por el oficial inspector Matías Carrizo, instructor de la Policía de San Juan en el uso de pistolas Taser, ya tuvo una primera consecuencia dentro de la fuerza. La Subsecretaría de Control de Gestión inició actuaciones administrativas para analizar su conducta y determinar si corresponde aplicarle una sanción, confirmaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan. El trámite recién comienza y todavía no existe una resolución ni se definió definitivamente cómo será encuadrada la conducta. Sin embargo, fuentes vinculadas con el procedimiento señalaron que el incidente podría ser considerado una falta grave dentro de la institución policial, escenario que abre la posibilidad de una sanción severa. Entre las consecuencias que podrían analizarse aparecen una suspensión e incluso una sanción expulsiva que implique su separación de la Policía, aunque cualquier medida dependerá del resultado de la investigación administrativa y del derecho de defensa del efectivo. El malestar que generó el caso dentro de la Policía La decisión se conoció después de que Tiempo de San Juan revelara este domingo el incidente ocurrido en un supermercado de Capital, publicación que generó fuerte repercusión y malestar entre autoridades y jefes policiales. Fuentes oficiales reconocieron que el caso cayó especialmente mal dentro de la fuerza por el lugar que ocupa Carrizo: es integrante de las Fuerzas de Operaciones Especiales, perteneciente al GERAS, y uno de los efectivos que fue preparado especialmente para instruir a otros policías en el uso de las pistolas Taser. Carrizo incluso había viajado a Estados Unidos para capacitarse y posteriormente quedó a cargo de talleres organizados por la Secretaría de Seguridad provincial. La formación en el uso de las Taser fue presentada públicamente por el Gobierno como parte de la profesionalización y modernización de la Policía. Qué ocurrió en el supermercado El hecho se produjo el viernes por la noche en la sucursal de Chango Más ubicada sobre avenida Benavidez, en Capital. Según reconstruyó este medio a partir de fuentes policiales y judiciales, el oficial fue observado mediante las cámaras de seguridad cuando pasó por la línea de cajas y pagó una parte de la compra, pero intentó salir con otros productos que no habían sido abonados. Los guardias lo interceptaron antes de que abandonara el establecimiento. La mercadería tenía un valor aproximado de $76.000. Intervinieron efectivos policiales y el fiscal de turno de Flagrancia, pero finalmente el supermercado aceptó que Carrizo pagara los productos y decidió no efectuar la denuncia penal. El fiscal aplicó un criterio de oportunidad y no impulsó una causa penal por el episodio. No hay causa penal, pero eso no frena la investigación administrativa Este punto resulta clave para entender la situación actual del efectivo. Que no exista una causa penal no impide que la Policía investigue y eventualmente sancione administrativamente la conducta. Los dos procedimientos son independientes. La normativa disciplinaria policial de San Juan establece incluso que una falta administrativa grave puede derivar en una sanción expulsiva aunque la conducta no constituya un delito, cuando produzca un perjuicio grave, moral o material, para la institución. Eso no significa que Carrizo vaya a ser expulsado: la actuación acaba de iniciarse y todavía deberá determinarse la gravedad de la conducta, recopilarse antecedentes y garantizarse su defensa. Por ahora, las fuentes oficiales consultadas por Tiempo de San Juan anticipan que la respuesta interna podría ser severa, principalmente por la repercusión institucional del episodio y la función que desempeña el oficial. Una investigación que recién empieza La presentación ya se encuentra en el ámbito de la Subsecretaría de Control de Gestión, organismo encargado de intervenir ante presuntas irregularidades cometidas por integrantes de la fuerza. Será esa investigación la que deberá establecer el encuadre disciplinario definitivo y posteriormente determinar si corresponde una sanción y cuál debe ser su magnitud. La apertura de las actuaciones confirma, de todos modos, que el episodio no quedó cerrado con el pago de los $76.000 en el supermercado: aunque Carrizo evitó una causa penal, ahora deberá responder internamente ante la Policía de San Juan.