В Мексике ввели запрет на политические высказывания сотрудников избиркома в соцсетях

El Instituto Nacional Electoral (INE) incluyó una prohibición en su Código de ética para que sus funcionarios se abstengan de emitir expresiones o difundir contenidos en redes sociales personales que comprometan la neutralidad, imparcialidad o imagen institucional o que generen la apariencia de un conflicto de interés. El documento aprobado por la Junta General Ejecutiva y publicado por el Diario Oficial de la Federación, que sustituye el aprobado en 2019, establece que deberán abstenerse de incurrir en actos de corrupción, acoso, hostigamiento o que sus perjuicios personales o ideológicos influyan en la toma de decisiones. En caso de advertirse alguna infracción, este hecho puede denunciarse mediante un proceso laboral sancionador o de responsabilidades administrativas, cuya resolución estará a cargo del Comité de Ética como instancia de orientación, interpretación y promoción del cumplimiento del código de ética, así como al Órgano Interno de Control como autoridad competente para conocer la posible infracción. Entre las obligaciones enlistadas destacan tomar decisiones sin que influyan prejuicios personales, ideológicos, sociales o culturales; así como repudiar, combatir y hacer del conocimiento al área competente, actos de corrupción, acoso, hostigamiento, discriminación, vandalismo o cualquier otro que afecte el servicio público o el patrimonio institucional. También plantea la obligación de utilizar los recursos financieros y materiales asignados de forma responsable, procurando el uso racional sin afectar la eficacia y calidad de las funciones desempeñadas. En cuanto a las conductas a las que deben abstenerse están realizar actos u omisiones que comprometan o puedan comprometer la independencia, imparcialidad, integridad o decoro institucional; involucrarse en situaciones que pudieran representar un conflicto de interés y recibir remuneraciones o beneficios incompatibles con su cargo o comisión. Tampoco tendrán permitido aceptar regalos, dádivas, beneficios o estímulos de cualquier naturaleza que pudieran influir o aparenten influir en el desempeño de sus funciones o toma de decisiones, incluso para beneficio de terceros. En materia de transparencia, no podrán declarar la inexistencia de información o documentación pública sin realizar una búsqueda exhaustiva en los expedientes y archivos institucionales bajo su resguardo; ocultar, alterar o eliminar información y documentación pública. El acuerdo establece que la confianza pública en el Instituto no depende únicamente de las decisiones que adoptan sus órganos superiores de dirección, sino también de la forma en que cada persona servidora pública desempeña sus funciones en el trabajo diario, lo que puede fortalecer o debilitar la credibilidad del INE. Expuso que las actividades institucionales se desarrollan en un contexto que involucra exigencias de transparencia, protección de datos personales, uso responsable de tecnologías, prevención de conflictos de interés, atención incluyente a la ciudadanía, ambientes laborales libres de violencia y cuidado permanente de la imparcialidad institucional.