Депутат Пагано внесла законопроект о запрете приватизации стратегических оборонных предприятий и отмене декрета о COVIARA

Impulsan ley para frenar privatizaciones en Defensa y derogar el decreto que reformó COVIARA La diputada Marcela Pagano presentó un proyecto para declarar estratégicas a las principales empresas y organismos estatales vinculados a la defensa, la actividad nuclear, espacial y satelital. La iniciativa prohíbe su privatización o transferencia de control, deroga el decreto 117/2025 sobre COVIARA y deja sin efecto disposiciones de la Ley Bases que habilitan procesos de reforma o privatización. 7 septiembre, 2026 La diputada nacional Marcela Pagano presentó un proyecto de ley destinado a proteger la Base Industrial y Tecnológica para la Defensa (BITD) y el complejo científico-tecnológico estatal, mediante la preservación del control estatal sobre empresas y organismos considerados estratégicos para la soberanía nacional. La iniciativa alcanza a Fabricaciones Militares, TANDANOR, FAdeA, COVIARA, CITEDEF, CONAE, VENG, CNEA, Nucleoeléctrica Argentina, Dioxitek, ARSAT y las participaciones estatales en INVAP y otras firmas vinculadas a la defensa, la actividad nuclear o espacial. Entre sus principales disposiciones, el proyecto prohíbe la privatización total o parcial de esas entidades, así como su liquidación, disolución, escisión o transferencia de activos estratégicos. También impide delegar en operadores privados la gestión, dirección estratégica, comercialización u operación técnica de dichas organizaciones. Según el texto, cualquier modificación de estas restricciones sólo podría realizarse mediante una ley especial del Congreso. La propuesta además establece la nulidad de los mecanismos que la autora considera formas de “privatización encubierta”, como contratos que otorguen a privados el control de los directorios, la explotación exclusiva de actividades estratégicas o cláusulas que limiten la capacidad futura del Estado para producir bienes vinculados a la defensa. Respecto de las asociaciones con empresas privadas, el proyecto fija condiciones estrictas: el Estado deberá conservar al menos el 51% del capital y de los derechos de voto, mantener la mayoría en los órganos de conducción, retener la titularidad de los desarrollos tecnológicos generados y evitar la prórroga de jurisdicción hacia tribunales extranjeros o mecanismos de arbitraje internacional. Uno de los capítulos centrales está dedicado a COVIARA, la empresa creada para la construcción de viviendas para la Armada. La iniciativa dispone que continúe bajo la órbita del Ministerio de Defensa y deroga el decreto 117/2025 en cuanto habilita su transformación, absorción o transferencia de activos. Además, ordena la restitución de bienes, personal y contratos que hubieran sido transferidos y encomienda la elaboración de un programa de reactivación orientado a infraestructura y viviendas para las Fuerzas Armadas. El proyecto también establece mecanismos de control parlamentario. Los contratos que involucren asociaciones estratégicas deberán ser remitidos previamente a las comisiones de Defensa Nacional de ambas cámaras y a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, que contarán con un plazo para emitir dictamen antes de la continuidad de los procedimientos. Asimismo, suspende las licitaciones y concursos en trámite vinculados a la incorporación de socios estratégicos, incluido el Concurso Público Nacional e Internacional CPU-2026-SC-001 de Fabricaciones Militares, hasta que la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación evalúen su compatibilidad con el nuevo régimen. En los fundamentos, Marcela Pagano sostiene que existen intentos de avanzar sobre empresas de defensa mediante mecanismos contractuales que, a su juicio, eluden la intervención del Congreso. La legisladora argumenta que la industria para la defensa, la actividad espacial, la energía nuclear y las telecomunicaciones estratégicas constituyen áreas donde el Estado debe conservar la propiedad, el control operativo y la conducción tecnológica. Finalmente, el proyecto deroga las disposiciones de la Ley 27.742 que declaren sujetas a privatización o permitan la transformación, disolución o transferencia de las entidades comprendidas en la iniciativa, consolidando un régimen de protección especial para el conjunto del sector.