В Эквадоре сокращены сроки хранения кредитной истории с шести до четырех лет

Las nuevas reglas sobre información de riesgo crediticio en Ecuador reducen de seis a cuatro años el tiempo máximo de conservación de determinados registros y de tres a dos años el período considerado para reportar operaciones, cambios que buscan actualizar la evaluación financiera de los usuarios. El nuevo esquema modifica los plazos con los que las entidades financieras y otros actores del sistema consultan información relacionada con el comportamiento de pago de una persona. La medida resulta relevante para quienes tuvieron deudas vencidas, cuotas atrasadas o créditos castigados y posteriormente regularizaron su situación. Menos tiempo de permanencia en Ecuador Con las reglas anteriores, la información de riesgo crediticio podía conservarse durante un período de hasta seis años. Ahora, el plazo máximo señalado es de cuatro años. También cambia el período de operaciones que pueden ser consideradas en los registros. Antes se reportaban operaciones correspondientes a los últimos tres años, mientras que actualmente el período se reduce a dos años. Francisco Salles, exdirector del Comité Económico de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, explicó que la modificación puede permitir que el comportamiento financiero más reciente tenga mayor peso frente a problemas registrados años atrás. De acuerdo con su explicación, una persona que tuvo dificultades financieras en el pasado puede demostrar posteriormente un comportamiento estable y cumplido en sus obligaciones dentro del período considerado. La deuda no desaparece La reducción de los plazos de información crediticia no implica la eliminación de una deuda pendiente. Los cambios se relacionan con el tiempo durante el cual determinada información puede permanecer registrada y ser considerada dentro de la evaluación crediticia. Javier Vélez, académico asociado al Instituto Ecuatoriano de Economía Política y especialista en derecho crediticio, señala que las obligaciones financieras continúan vigentes aunque determinados registros de riesgo tengan un período de permanencia limitado. Por ello, bancos y otras entidades acreedoras pueden continuar con las acciones legales correspondientes para recuperar obligaciones pendientes, de acuerdo con los mecanismos establecidos por la legislación. La modificación debe diferenciarse, por tanto, entre el historial o información de riesgo crediticio y la existencia de una obligación financiera. Que un registro deje de estar disponible después del plazo establecido no significa que la deuda haya sido pagada o extinguida. Impacto para quienes buscan crédito El cambio puede resultar relevante para personas que actualmente buscan acceder nuevamente a préstamos, tarjetas de crédito u otros productos financieros después de haber atravesado dificultades de pago. El comportamiento reciente adquiere importancia dentro del análisis que realizan las entidades al evaluar nuevas solicitudes. La capacidad de pago, el nivel de endeudamiento y el cumplimiento de obligaciones también forman parte de los elementos que pueden ser considerados. Los nuevos plazos establecen, en términos generales, dos referencias que los usuarios deben tener presentes: cuatro años para la conservación máxima de información de riesgo y dos años para el período de operaciones reportadas. La aplicación de estas reglas no elimina las obligaciones pendientes ni garantiza automáticamente la aprobación de un nuevo crédito. Cada entidad financiera mantiene sus propios procesos de evaluación dentro del marco regulatorio vigente.