Португальское правительство продлило монополию государственной железной дороги CP до 2034 года вопреки требованиям регулятора

El Gobierno portugués protege el monopolio de CP hasta 2034 frente a la presión de su CNMC para abrir el mercado a Renfe La AdC reclama limitar la adjudicación directa a la operadora estatal y convocar concursos internacionales, una apertura que podría dar entrada a Renfe Portugal afronta un nuevo pulso sobre el futuro de su red ferroviaria. El Gobierno luso pretende prolongar hasta 2034, mediante la vía de la adjudicación directa, el contrato de servicio público de CP (Comboios de Portugal), la histórica operadora estatal del país. La decisión permitiría a la compañía mantener durante casi una década más su posición dominante en el transporte ferroviario portugués. Frente a esta estrategia se ha situado la Autoridade da Concorrência (AdC), el organismo equivalente a la CNMC española, que reclama frenar las prórrogas automáticas y avanzar hacia un sistema de concursos públicos internacionales que abra la puerta a nuevos operadores, entre ellos Renfe. El enfrentamiento tiene una dimensión especialmente relevante para el mercado ibérico. Mientras España ha avanzado en la liberalización de la alta velocidad con la entrada de competidores privados y extranjeros, Portugal mantiene pendiente la transformación de su mercado ferroviario. La eventual prórroga del contrato de CP hasta 2034 supondría, en la práctica, mantener cerrada una parte sustancial del negocio a operadores alternativos durante los próximos años. La posición del regulador portugués es clara. En su informe sobre la competencia en el sector del transporte ferroviario, la AdC cuestiona la intención del Ejecutivo, anunciada en enero, de extender el contrato de servicio público de la operadora estatal. El organismo considera que la adjudicación directa debe limitarse únicamente al periodo «estrictamente necesario» para permitir a CP recuperar y amortizar las inversiones realizadas. Superado ese plazo, la autoridad portuguesa reclama abandonar la fórmula del ajuste directo y convocar licitaciones internacionales abiertas a la competencia. Para la AdC, la asignación directa de estos contratos al operador interno debe considerarse un mecanismo excepcional, especialmente por el coste económico que puede generar retrasar la apertura del mercado. La discusión no afecta únicamente a CP. El regulador defiende una revisión más amplia del modelo ferroviario portugués y plantea que el Estado analice, antes de diseñar los futuros contratos, qué rutas necesitan realmente estar sometidas a obligaciones de servicio público y cuáles podrían ser explotadas en régimen comercial sin necesidad de subvenciones. Esta diferenciación podría convertirse en una de las principales oportunidades para operadores extranjeros. Las líneas con suficiente demanda para sostener una actividad comercial podrían abrirse a empresas privadas o públicas de otros países, mientras que las rutas deficitarias seguirían sujetas a contratos de servicio público, aunque también bajo un sistema competitivo de licitaciones. La AdC plantea así una apertura por dos vías. La primera, denominada competencia por el mercado, consistiría en la celebración de concursos públicos para adjudicar los contratos de servicio público. La segunda, la competencia en el mercado, permitiría la entrada directa de operadores en aquellas rutas cuya explotación resulte viable sin apoyo económico del Estado. El modelo supondría un cambio profundo respecto a la estrategia que actualmente persigue el Gobierno portugués. La prolongación del contrato de CP hasta 2034 daría a la operadora estatal una continuidad prácticamente garantizada durante los próximos años. El regulador, sin embargo, considera que Portugal debería utilizar este periodo para preparar las condiciones necesarias para una competencia efectiva. Porque la apertura del mercado no depende exclusivamente de la convocatoria de licitaciones. El informe identifica una serie de obstáculos que, según la AdC, dificultan actualmente la entrada de nuevos operadores. Uno de los principales es el acceso al material rodante y al personal especializado. Las compañías que quieran competir con CP necesitan disponer de trenes y de trabajadores cualificados, dos recursos que no están necesariamente disponibles en igualdad de condiciones para todos los participantes. También persisten problemas técnicos. El regulador apunta a cuestiones relacionadas con la interoperabilidad, los sistemas de señalización y la integración de la venta y validación de billetes, la denominada bilhética. Sin resolver estos cuellos de botella, la liberalización corre el riesgo de quedar limitada al plano normativo sin traducirse en una competencia real. La AdC extiende además esta posición a otras concesiones del sistema ferroviario portugués. El organismo considera que tampoco deberían prolongarse automáticamente contratos privados existentes, como el de Fertagus, sin pasar previamente por un procedimiento competitivo. En este escenario aparece Renfe. Portugal representa, por su proximidad geográfica y por el desarrollo previsto de nuevas infraestructuras, una oportunidad natural para ampliar su presencia fuera de España. Sin embargo, el mantenimiento de CP como adjudicataria directa del servicio público hasta 2034 reduciría de forma significativa el espacio disponible para nuevos operadores. Para Renfe y otros grupos europeos interesados en el mercado portugués, la posición de la autoridad de competencia supone un argumento para reclamar una apertura efectiva y la celebración de concursos internacionales. El debate cobra todavía más importancia ante el futuro desarrollo de la alta velocidad portuguesa y de los corredores ferroviarios ibéricos. La construcción de nuevas líneas abre la posibilidad de rediseñar el mercado y decidir quién explotará los servicios cuando las infraestructuras entren en funcionamiento. Renfe tendría que esperar ocho años El choque entre el Gobierno portugués y la AdC refleja, por tanto, dos visiones sobre ese futuro. El Ejecutivo apuesta por garantizar la continuidad de CP y extender su contrato hasta 2034. El regulador reclama que la adjudicación directa sea temporal y excepcional, que se revisen las rutas susceptibles de explotación comercial y que Portugal prepare el terreno para recibir a nuevos competidores. La decisión tendrá consecuencias más allá de las fronteras portuguesas. La apertura de concursos internacionales pondría sobre la mesa uno de los pocos grandes mercados ferroviarios de la península que todavía permanecen al margen de una liberalización plena. Para Renfe, que busca consolidar su expansión exterior, el desenlace del pulso entre el Gobierno de Lisboa y su autoridad de competencia puede determinar cuándo —y en qué condiciones— tendrá la oportunidad de competir por el tren portugués.