Экономист: санкции США объясняют половину падения ВВП Венесуэлы с 2012 по 2020 год

El economista e investigador Francisco Rodríguez sostuvo que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos explican aproximadamente el 50% de la caída del Producto Interno Bruto (PIB) venezolano registrada entre 2012 y 2020, período en el que el ingreso per cápita se desplomó 74%, lo que constituye la mayor contracción económica en tiempos de paz documentada en la historia contemporánea, solo comparable con la de países que atravesaron guerras, como Irak, Kuwait, la República Democrática del Congo y Liberia. Rodríguez, quien fuera asesor de la Oficina de Asesoría Económica de los diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015 y autor del libro El colapso de Venezuela: política de tierra arrasada y declive económico 2012-2020, publicado por la Universidad de Notre Dame, presentó su exposición en un foro virtual convocado por Grupo IDEAS para Venezuela, plataforma de análisis y comunicación coordinada por el ingeniero Elías Matta Wehbe, experto en materia energética, quien extendió la invitación al conferencista. Según explicó el economista, el desplome del PIB venezolano tiene su origen, principalmente, en la caída de 93% de las exportaciones petroleras del país entre 2012 y 2020. Rodríguez presentó evidencia estadística según la cual los ciclos de la economía venezolana han estado históricamente determinados por la disponibilidad de divisas provenientes del petróleo: a mayores ingresos petroleros, mayores importaciones y mayor actividad económica no petrolera, y viceversa. Los datos de pobreza calculados por la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) —y no a partir de cifras oficiales del Estado— mostrarían el mismo patrón, según indicó. Al analizar el papel específico de las sanciones, el conferencista mostró una serie de quiebres en la tendencia de la producción petrolera coincidentes con las principales medidas adoptadas por Washington: las sanciones financieras de agosto de 2017, las sanciones petroleras primarias de enero de 2019 y las sanciones secundarias a socios petroleros extranjeros de febrero de 2020. Según explicó, todas estuvieron asociadas a caídas más pronunciadas de la producción, frente a un repunte posterior a noviembre de 2022, cuando Estados Unidos otorgó una licencia a Chevron para comercializar crudo venezolano. Rodríguez explicó que su estimación se apoya en un estudio publicado en la revista Latin American Economic Review, en el que comparó el desempeño de empresas mixtas petroleras con y sin acceso al financiamiento de sus socios extranjeros tras la entrada en vigor de las sanciones financieras de 2017. El análisis encontró una caída significativamente mayor en las empresas que perdieron ese acceso al crédito. Advirtió que su hallazgo —según el cual las sanciones explican cerca de la mitad de la contracción del PIB— no debe interpretarse como una atribución de responsabilidad política o moral. Distinguió entre el análisis causal, propio del método económico, y el debate normativo sobre responsabilidades. En ese sentido, señaló que reconocer el efecto de las sanciones sobre la economía “no es necesariamente” atribuir la causa de la pobreza de los venezolanos a dicha política, dado que —remarcó— sin sanciones el PIB igualmente habría caído 36%, lo que habría representado “una crisis bien, bien fuerte”. Durante su intervención, Rodríguez también se refirió al control de cambios adoptado por el chavismo en 2003, en el contexto del paro petrolero, al que calificó como un instrumento de uso político de la política económica que facilitó la corrupción y la fuga de capitales. Asimismo, reiteró su posición —que, según dijo, sostiene desde hace una década— a favor de la dolarización como mecanismo para limitar el uso discrecional de la política monetaria por parte de los gobiernos, al señalar que Venezuela no registra una inflación de un solo dígito desde 1986. El investigador cerró su exposición insistiendo en la necesidad de fortalecer los contrapesos institucionales frente a un Poder Ejecutivo que, según argumentó, concentra facultades excepcionales desde la Constitución de 1999. A su juicio, este fortalecimiento institucional es una condición necesaria para evitar que la disputa política continúe generando externalidades negativas sobre la economía del país.