Эксперты предупреждают о рисках реализации плана восстановления школ в Колумбии из-за землетрясения

Лаборатория экономики образования Колумбийского университета указала на отсутствие четких сроков финансирования и учета этнических особенностей в директиве по восстановлению школ после землетрясения. Эксперты опасаются, что эти пробелы могут парализовать образовательный ответ в пострадавших регионах, где уже существовали системные уязвимости.

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El sismo dejó 1.627 sedes educativas reportadas como afectadas, según cifras oficiales citadas por el informe, mientras el propio MEN anunció públicamente una respuesta dirigida a más de 400.000 estudiantes con matrícula afectada. El LEE advierte que esa cifra difiere de otros cálculos disponibles, que la elevan a cerca de 500.000, una discrepancia que, según el documento, sugiere que la cifra oficial pudo fijarse antes de completar la caracterización territorial. Los tres frentes, según el LEE, comparten la misma advertencia: la emergencia recae sobre departamentos donde ya existían fragilidades documentadas antes del sismo, desde la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) hasta la disponibilidad de personal de apoyo psicosocial y los protocolos de relación con comunidades étnicas. Alimentación escolar, un frente que ya fallaba antes del sismo La Directiva remite a una circular de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar para que las entidades territoriales certificadas activen "medidas de contingencia" del programa, con una modalidad industrializada de hasta diez días y canasta o bono alimentario si la afectación se prolonga. El LEE advierte que ese mismo lenguaje de "seguimiento y reporte" ya fue insuficiente en el pasado. El informe recuerda que la operación del PAE en Córdoba estuvo suspendida, con reactivaciones parciales, desde el 30 de mayo de 2023 hasta varios meses de 2024. Cesar, por su parte, suspendió el servicio el 31 de octubre de 2023 y no logró reactivarlo antes del cierre del año escolar, pese a que la Unidad ya le había asignado $9.765 millones para garantizar la continuidad. El documento cita a la propia Unidad, que reconoce que "no presta el servicio directamente: asigna y cofinancia recursos, fija los lineamientos técnicos, hace seguimiento a la operación y genera alertas para que los organismos de control intervengan cuando es necesario". En enero de 2023, 36 de las 97 entidades territoriales del país ya presentaban alguna alerta de inicio tardío de la vigencia escolar. Cauca y Chocó, dos de los departamentos hoy declarados en desastre por el sismo de agosto, están entre las entidades que repiten episodios de suspensión del programa en tres o más vigencias distintas, un patrón que el informe atribuye a "problemas estructurales… para sostener procesos de contratación, más que choques coyunturales aislados". El LEE advierte que la Directiva no fija plazos de cofinanciación acelerada ni consecuencias claras ante el incumplimiento, un vacío que deja a las mismas entidades territoriales sosteniendo la contingencia de la emergencia sin respaldo técnico ni financiero. Orientadores y salud mental, un sistema con límites estructurales En el frente social, la Directiva habilita primeros auxilios psicológicos que "podrán desarrollarse con el apoyo de docentes, docentes orientadores y demás integrantes de la comunidad educativa en articulación con los sectores, en particular con salud". El informe sostiene que esa apuesta enfrenta un límite conocido: en el sistema oficial colombiano hay, en promedio, un orientador escolar por cada 1.840 estudiantes, una proporción que el propio LEE califica de "estructuralmente insuficiente" incluso sin emergencia. La cifra se agrava, añade el documento, en un escenario donde la necesidad de acompañamiento se multiplica en cientos de sedes al mismo tiempo. Un estudio citado por el informe, realizado con cerca de 1.600 preadolescentes de nueve colegios de Bogotá, encontró que la cohesión de grupo predice mejor el desarrollo prosocial de los estudiantes que el apoyo individual externo, un hallazgo que el LEE propone como palanca adicional ante la escasez de personal de salud mental disponible para la emergencia. La evidencia internacional citada por el informe refuerza la alerta: en Fukushima, un año después del terremoto de 2011, el 15,6% de los adolescentes presentaba síntomas de depresión y el 18,7% de estrés postraumático, pese a intervenciones aplicadas dos veces. En Ishinomaki, más de 12.000 niños fueron monitoreados durante casi dos años tras el desastre. Territorios étnicos, sin ruta definida de concertación El tercer vacío señalado por el LEE se ubica en la atención a comunidades indígenas y afrocolombianas de las zonas afectadas. La Directiva establece que los tutores del programa Todos a Aprender acompañarán la implementación de estrategias pedagógicas "de acuerdo con su lectura de contexto", y aclara que su participación "no modifica la naturaleza del programa". El informe advierte que esa fórmula delega en el criterio individual de cada tutor cualquier fricción entre el modelo curricular del programa y las lógicas de autogobierno educativo de los pueblos indígenas, sin un protocolo de concertación previa con las autoridades étnico-territoriales, algo que sí exigen otros programas del sector, como el propio PAE, en departamentos con planes alimentarios indígenas propios. Cauca, Chocó y Putumayo, tres de los territorios declarados en desastre, tienen fuerte presencia de pueblos indígenas con gobierno propio en materia de etnoeducación y de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. La Directiva declara el "interés superior de niños y adolescentes" como principio rector, pero, según el LEE, su arquitectura operativa no incorpora de forma explícita las lógicas propias de estos territorios. El informe concluye que los tres vacíos, el fiscal, el social y el étnico-territorial, comparten un mismo patrón: la Directiva define líneas de acción claras en el "qué", pero deja abierto el "quién" y el "cómo" las ejecuta y las financia.