Власти Уругвая планируют реформировать систему социальной помощи без независимого контроля

Hay datos muy preocupantes en torno al conocimiento y manejo de información y de focalización en torno a políticas sociales. Ellos no pueden pasar desapercibidos para los partidos de oposición. Estamos ante un avanzado riesgo de extensión de políticas clientelísticas y disfrazadas con ropajes técnicos, que no debe ser relativizado pensando en las elecciones de 2029. En primer lugar, el Instituto Nacional de Estadística (INE) recalculó los resultados del Censo de 2023 de manera de describir un poco mejor la situación social y demográfica del país. Para las personas que viven en asentamientos, creía que había allí unas 158.000 personas, y ahora con los nuevos cálculos más afinados se estima que allí residen más de 193.000 personas. De por sí se trata de un aumento muy importante. Pero además, es un estimativo en realidad mal conocido, ya que no se sabe a ciencia cierta qué situación social concreta sufren esas personas, en torno a hacinamiento, calidad de las habitaciones, etc. Es decir, lo que hace a las carencias críticas, definición clave para recibir ayuda social, no es algo que surja con claridad y amplitud de los resultados del Censo de 2023. En segundo lugar, se ha informado que técnicos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) están iniciando en estos días una actualización del índice de carencias críticas (ICC). Se trata de un índice clave para el otorgamiento de Asignación Familiar del Plan de Equidad y otros beneficios sociales -como la Tarjeta Uruguay Social simple o doble-, ya que define el umbral estructural de vulnerabilidad del hogar más allá de lo monetario. Es un índice desarrollado por el instituto de economía de la Universidad de la República y tiene en cuenta variables como la cantidad de integrantes en el hogar, el nivel educativo o el estado material de la vivienda, por ejemplo. Las dos noticias analizadas en conjunto debieran de preocupar mucho a los partidos de oposición. Por un lado, está el reconocimiento del INE de que dejó más del 10% del país sin censar, y en particular en las zonas más pobres. Por otro lado, está la voluntad del Mides, que de ninguna manera expresa una neutralidad técnica siquiera similar a la del INE, de medir las ICC para redefinir los criterios de atribución de beneficios sociales. A esto debe sumarse la tercera noticia que llega desde el Diálogo Social izquierdista: la voluntad de unificar las prestaciones sociales en una sola y de quitar, además, cualquier obligación de contraprestación para recibirla, como por ejemplo podía ser la de que los niños del hogar fueran a la escuela y se realizaran sus controles médicos periódicos. El cuadro queda armado entonces de la siguiente manera: el Mides recalcula una nueva ponderación de las ICC en función de criterios propios; el gobierno define una nueva y unificada prestación que otorgará de acuerdo con su criterio -y que tiene intenciones de aumentarla con relación a la actual-; y todo ocurrirá sobre un fondo de relativo desconocimiento censal concreto de parte del INE, que estima que hay por lo pronto cerca de 200.000 personas viviendo en asentamientos -es decir, que debieran de estar sufriendo al menos una carencia crítica-. De acuerdo con los últimos datos de fines de 2025, unos 232.000 hogares recibían asignación familiar y unos 45.000 contaban con la tarjeta Uruguay simple y otros 45.000 más con la doble. Es difícil encontrar un camino más claro de perfeccionamiento del clientelismo político-electoral que el aquí descrito. En vez de contar con una información abierta y fidedigna, que sería de fuente INE, será el Mides el que defina a qué y a quiénes otorgará beneficios sociales, liberándose además de contralores ajenos y verificables como puede ser, por ejemplo, la asistencia a clase de niños. Y todo con un manto de legitimidad académica -porque el ICC la tiene-, cuando en realidad cualquiera sabe que los compañeros de ruta izquierdistas universitarios están simplemente para ofrecer herramientas justificativas en favor de las políticas que lleve adelante el Frente Amplio. ¿Cómo pararse frente a todo esto que se ve venir desde lejos y que pretende disponer de una población necesitada económicamente, desintegrada socialmente y poco educada formalmente, para hacer de ella una clientela partidista en base a recursos del Estado dispuestos con afán sectorial favorable a la izquierda? Lo primero que hay que hacer es tomar plena conciencia de lo que se está tramando. Importa entonces enfrentar el asunto de las carencias críticas.