Мадридский муниципалитет заключил контракт с Correos на 49,35 млн евро для официальных уведомлений

El Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM) ha adjudicado a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos el contrato de servicios postales para la práctica de las notificaciones administrativas del consistorio que preside José Luis Martínez Almeida y sus organismos autónomos. Según el anuncio de adjudicación al que ha tenido acceso este digital, el contrato se ha resuelto por un importe de 49,35 millones de euros (IVA incluido), sobre un presupuesto base de licitación idéntico, lo que confirma que Correos ha ofertado el precio máximo permitido en el pliego. El valor estimado total del contrato, que incluye posibles prórrogas y modificaciones, asciende a 107 millones. El objeto del contrato es la prestación de los servicios postales necesarios para practicar todas las notificaciones administrativas en papel que el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos deben enviar a los ciudadanos, con presunción legal de veracidad y fehaciencia en la entrega, el rehúse o la imposibilidad de entrega. El servicio incluye también las notificaciones a los ciudadanos designados para la constitución de las mesas electorales. En 2027 se celebrarán las elecciones municipales. Los servicios postales abarcan la recogida, admisión, clasificación, transporte y entrega en el domicilio de los envíos, así como la devolución o destrucción de los objetos postales cuando no sea posible entregarlos al destinatario. El contrato ganado por Correos tendrá una duración de 24 meses (2 años), con inicio previsto el 1 de octubre de 2026. Solo Correos podía participar en la licitación Uno de los aspectos más relevantes de esta licitación es que se ha tramitado como un procedimiento negociado sin publicidad, dirigido a un único licitador. La justificación jurídica se apoya en el artículo 168 a) 2º de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), que permite prescindir de la concurrencia cuando, por razones técnicas o de derechos de exclusiva, el contrato solo puede encargarse a un operador determinado. El informe de insuficiencia de medios elaborado por la Subdirección General de Recursos Humanos y Administración de IAM explica que el Ayuntamiento no dispone de los medios personales ni materiales para prestar directamente este servicio. Aunque el consistorio contara con medios propios suficientes para encargarse del reparto de las notificaciones, no podría igualar el valor legal que la normativa reserva en exclusiva al operador designado del Servicio Postal Universal (SPU). En concreto, la Ley 43/2010 establece que solo las notificaciones realizadas por el operador encargado del Servicio Postal Universal (SPU) tienen valor legal para demostrar que una comunicación ha sido entregada, rechazada o que no ha podido entregarse, tanto si se hace en papel como por vía electrónica. En cambio, las notificaciones enviadas por otras empresas de mensajería se rigen por las normas generales y no cuentan con esa misma fuerza como prueba. La disposición adicional primera de esa misma ley designa a Correos como operador del SPU. Ese plazo, fijado inicialmente en 15 años desde la entrada en vigor de la norma, se amplió a 20 años mediante la Ley 6/2025, de 28 de julio. Esta combinación normativa es lo que ha llevado al Ayuntamiento a concluir que no existe una alternativa razonable a la sociedad que preside Pedro Saura para este contrato. Una licitación cerrada en poco más de un mes El proceso de contratación se ha completado en poco más de un mes. El 3 de agosto de 2026, el Ayuntamiento invitó a Correos a participar en el procedimiento, al ser el único operador que podía prestar el servicio en las condiciones exigidas por la ley. Cuatro días más tarde, la Mesa de Contratación celebró su primera reunión, en la que revisó la documentación presentada por la empresa pública y comprobó que cumplía los requisitos para prestar el Servicio Postal Universal. También verificó su inscripción en los registros oficiales. Ese mismo día se abrió la oferta inicial de Correos, que alcanzaba el importe máximo previsto en la licitación, alcanzando casi los 50 millones de euros. La Mesa acordó negociar con la compañía las condiciones técnicas y económicas antes de solicitarle su oferta definitiva. El 19 de agosto se abrió por vía telemática la documentación que acreditaba el cumplimiento de los requisitos y la información económica y técnica que sería objeto de negociación. El 25 de agosto, la Mesa analizó la oferta definitiva y propuso adjudicar el contrato a Correos, único participante en el procedimiento. La propuesta se valoró según dos criterios: la mejora de los niveles de servicio, que suponía el 52% de la puntuación, y el precio, que representaba el 48%. El 4 de septiembre, la Mesa volvió a reunirse para revisar la documentación adicional presentada por Correos y comprobar la constitución de la garantía definitiva. Esta ascendía a 2,2 millones de euros, equivalente al 5% del importe de adjudicación, a la que se añadía una garantía complementaria del 1%. Tras revisar la documentación, la Mesa consideró que todo era correcto y se ajustaba a las condiciones del pliego. Finalmente, el 7 de septiembre el órgano de contratación adjudicó oficialmente el contrato a Correos.