Ученые выявили четыре методологические ловушки в мировых индексах измерения демократии

Cuando un periódico dice que “Guatemala es un régimen híbrido” o que “Panamá es una democracia libre”, esa afirmación viene de algún lado: de un índice. Polity, V-Dem, Freedom House, el Índice de Democracia de The Economist, el Índice de Transformación de Bertelsmann. Llevan décadas ordenando el debate público y académico sobre qué países son democráticos y cuáles no. El problema es que, muchas veces, esos índices no se ponen de acuerdo entre sí y discrepan justo donde más se necesita el diagnóstico. Eso es lo que presentamos en el Seminario Regional de LASA Centroamérica 2026 que se realizó en San José de Costa Rica esta semana. Analizamos cinco de los principales índices de medición democrática aplicados a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá entre 1978 y 2025 —casi medio siglo de datos— para responder a una pregunta incómoda: ¿qué tan bien miden estos instrumentos lo que dicen medir? Donde todos coinciden (y donde no) Los países tienen trayectorias muy distintas. Costa Rica se mantiene en la franja superior de todos los índices durante los cuarenta y ocho años observados. El Salvador asciende tras los Acuerdos de Paz y retrocede de forma pronunciada desde 2019. Nicaragua recorre todo el espectro, de la democracia electoral (1990) al quiebre posterior a 2018. Guatemala, Honduras y Panamá se asientan en niveles intermedios, con episodios de crisis y recuperación parcial. La buena noticia es que los índices concuerdan bastante cuando un país está claramente en un extremo. Nadie discute que Costa Rica es una democracia consolidada ni que Nicaragua, después de 2018, dejó de serlo.Las correlaciones entre pares de índices son en su mayoría altas: la mayor parte supera 0.80. Ese acuerdo confirma únicamente que los instrumentos ordenan a los países de manera parecida. No garantiza acuerdo sobre el nivel de democracia que cada índice atribuye a un país ni sobre la categoría de régimen en que lo coloca. Distinguir a Costa Rica de la Nicaragua actual no requiere un instrumento sensible; cualquier medición razonable detecta esa distancia. La mala noticia es que ese acuerdo se rompe exactamente en la zona intermedia: los llamados "regímenes híbridos", las democracias defectuosas, los países en plena transformación de un sistema político. Ahí es donde la desviación entre las siete series de datos analizadas prácticamente se duplica frente a los casos más democráticos. En esa zona, la divergencia entre índices duplica la observada en los casos más democráticos (0.195 frente a 0.084). Esa zona intermedia no es marginal. Por el contrario, en ese espacio es donde vive la mayoría de las democracias contemporáneas, y donde el diagnóstico realmente importa. Es más, la divergencia entre índices parece funcionar como un indicio de que un régimen atraviesa un periodo de transformación. Guatemala y Honduras, por ejemplo, avanzan en los índices durante décadas sin llegar nunca a consolidarse. El Salvador arranca bajo, sube tras los Acuerdos de Paz de 1992, y desde 2019 retrocede con fuerza bajo la presidencia de Nayib Bukele. Panamá sube rápido tras la caída de Noriega en 1989 y se estabiliza en una franja media-alta sin resolver del todo sus problemas de desigualdad ni de formalidad democrática. Cada trayectoria es distinta, y en cada una hay tramos donde "qué tan democrático es este país" depende literalmente de a qué índice le preguntes. El caso que lo explica todo: el golpe de 2009 en Honduras Hay un ejemplo que ilustra el problema mejor que cualquier estadística. Cuando ocurrió el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009, V-Dem y Freedom House registraron el deterioro democrático de inmediato. Es más, las libertades civiles cayeron a un tercio de su valor previo. Polity, en cambio, mantuvo a Honduras con la misma puntuación durante todo el episodio, como si no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque Polity mide particularmente el acceso al poder y la competencia electoral, y presta mucha menos atención a los contrapesos institucionales. No es un error de los datos ni que ese índice sea incorrecto. Por el contrario, es una decisión conceptual sobre qué cuenta como democracia. Y esa decisión determina, de antemano, qué tipo de erosión es capaz de ver el instrumento y cuál se le escapa por completo. Cuatro trampas metodológicas La investigación que realizamos y que integra el Proyecto “Cambios dentro de la Democracia: retrocesos, resistencias y resiliencias” (UNAM/DGPA/PAPIIT IN309526), identifica cuatro trampas que se repiten en casi todos los instrumentos disponibles: - Privilegiar lo electoral sobre lo sustantivo. Es más fácil medir una elección (fecha, resultado, margen de victoria) que la independencia real de un tribunal. Así que los índices miden bien lo que es fácil de medir, y con torpeza lo que de verdad importa cuando alguien quiere concentrar poder sin cerrar las urnas. - Fronteras de categoría que no coinciden. Un mismo país, en el mismo año, puede ser "libre" para un índice e "híbrido" para otro. Esa etiqueta no es un detalle técnico: condiciona las acciones de la cooperación internacional, las evaluaciones de riesgo país y el propio debate político interno. - Confundir crisis de gobierno con crisis de régimen. Un gobierno que gestiona mal o pierde legitimidad puede deteriorar la calificación de un país sin que el régimen democrático haya cambiado de naturaleza. Son fenómenos distintos, con causas y consecuencias distintas, que los índices rara vez separan. - No ver lo informal. Los índices miden instituciones formales y reglas escritas, pero en contextos de institucionalidad frágil y de debilidad de las capacidades estatales —como buena parte de Centroamérica— la vida democrática real ocurre también en las prácticas informales que rodean, contradicen o vacían esas reglas La trampa más profunda: la democracia como fotografía La limitación metodológica más importante es otra. Los índices producen una fotografía, un solo valor que resume el estado de un régimen en un momento dado. Y una fotografía no puede mostrar movimiento. En Honduras bajo Juan Orlando Hernández, por ejemplo, coexistieron elecciones, erosión de contrapesos, resistencia judicial parcial y una fuerte movilización social, todo al mismo tiempo. Un tribunal puede resistir mientras el Congreso cede; la sociedad civil puede movilizarse mientras los partidos se debilitan. Cuando eso se reduce a un número único, un avance en una dimensión puede compensar aritméticamente un retroceso en otra, y el índice termina mostrando “estabilidad” donde en realidad hay una tensión activa entre fuerzas que erosionan la democracia y fuerzas que la defienden. Por eso los instrumentos actuales detectan los retrocesos tarde —cuando ya se consumaron— y casi nunca anticipan hacia dónde va un país. ¿Y entonces? Nuestro estudio no propone dejar de usar los índices. Por el contrario, estas son herramientas construidas sobre decisiones teóricas defendibles, y su correlación alta en los extremos sí dice algo real. Lo que nosotras proponemos es no confundir esa correlación con precisión, y trabajar hacia una nueva generación de instrumentos capaces de distinguir, dentro de un mismo país y un mismo momento, tres procesos que hoy se mezclan en un solo valor: la erosión de las instituciones, las respuestas que la contienen y las capacidades que permiten recuperarse. Los instrumentos disponibles registran estados; detectan los retrocesos cuando ya se consumaron y rara vez anticipan las trayectorias. Una medición del cambio democrático necesita distinguir analíticamente la erosión, las respuestas que la enfrentan y las capacidades de recuperación, en lugar de agregarlas en un valor único. Construir y validar instrumentos de esa naturaleza es la tarea pendiente. Centroamérica, con su enorme heterogeneidad de trayectorias en un solo periodo —estabilidad en Costa Rica y Panamá, quiebre en Nicaragua, erosión en El Salvador, ambigüedad persistente en Guatemala y Honduras—, es un laboratorio ideal para poner a prueba esa agenda. Medir bien estos procesos no es solo un ejercicio académico: de la calidad del diagnóstico depende la capacidad de reconocer a tiempo el deterioro democrático, antes de que sea demasiado tarde para responder. Flavia Freidenberg Investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Karolina Gilas Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.