В Аргентине ужесточены правила использования камер видеонаблюдения и фотоконтроля

En Argentina, la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales regula el uso de las cámaras de videovigilancia, ya que la imagen de una persona se considera un dato personal; además, existen normativas específicas en cada provincia (Ley Nº 10.175 en Entre Ríos) y en los Códigos Civil y Comercial. En cuanto al derecho a la intimidad, y dependiendo del ámbito en el que nos encontremos, el primer requisito inviolable es la prohibición de enfocar o captar imágenes del interior de propiedades linderas o espacios privados sin autorización o consentimiento. En los espacios públicos o privados de acceso público, deben advertir de forma previa y visible mediante cartelería que el área cuenta con sistemas de videovigilancia. En tanto que, con respecto al tratamiento de los datos que se obtienen, cabe señalar que las grabaciones se consideran datos personales, por lo que deben cumplir con los principio de proporcionalidad, seguridad, confidencialidad y plazos limitados de conservación. En Entre Ríos, la Ley Provincial Nº 10.175 regula no solo la instalación y utilización de videocámaras, sino también de los sistemas de captación de imágenes en la vía pública por parte de organismos públicos y privados. Entre los puntos principales de la normativa provincial, se señala con respecto al ámbito de aplicación que este controla la captación, reproducción y almacenamiento de imágenes y sonidos en lugares públicos para preservar la seguridad ciudadana y prevenir delitos. Los espacios vigilados deben exhibir carteles visibles con la leyenda “espacio monitoreado por cámara de videovigilancia. Gobierno de Entre Ríos” o la identificación correspondiente. Además, se incluye la obligatoriedad para particulares y comercios que posean cámaras orientadas hacia la vía pública de inscribirlas en el Registro Provincial Geolocalizado para facilitar la labor de seguridad y justicia. El Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de la Policía de Entre Ríos, es el encargado de autorizar y coordinar las redes de videovigilancia pública. Todos los municipios y comunas que utilicen cámaras en las calles deben darlas de alta en el Registro de Cámaras de Videovigilancia. El material que se graba en los espacios públicos es estrictamente confidencial y solo puede ser entregado a jueces, fiscales o defensores en el marco de una investigación penal o contavención. En el caso de las fotomultas u otros dispositivos electrónicos de sanción, para que sean válidos, la zona o el cruce controlado deben estar debidamente señalizados de forma previa. Los carteles informativos deben colocarse entre 200 y 500 metros antes del dispositivo y debe indicar de forma clara la advertencia: “Espacio monitoreado por cámaras de videovigilancia. Gobierno de Entre Ríos”. Las cámaras en Entre Ríos están preparadas tecnológicamente para captar planos específicos del vehículo, ya que el enfoque permitido de conductor y acompañante es el plano medio superior con la finalidad de constatar de forma nítida dos infracciones de tránsito: el uso del teléfono celular al volante y la falta de uso del cinturón de seguridad. Aunque el rostro y la fisonomía del conductor queden registrados en la captura de comprobación de la falta de tránsito, la Ley Nacional Nº 25.326 de Protección de Datos Personales ampara la privacidad. Ya que la imagen es confidencial, solo debe procesarse la foto del momento exacto de la infracción y se prohíbe el uso de esas capturas para cualquier fin que no sea el vial o judicial. En la emisión de la fotomulta que llega a los domicilios la silueta o el rostro del acompañante deberían aparecer difuminadas o pixeladas para no vulnerar el derecho a la intimidad de terceros que no están conduciendo el vehículo. Fuente: Radio La Voz