Международный суд рассмотрит дело 47 пенсионеров венесуэльской школы, ожидающих выплат 28 лет

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el caso de 47 exdocentes jubilados del Ministerio de Educación de Venezuela, quienes llevan más de 28 años esperando una resolución definitiva sobre reclamos relacionados con sus pensiones y beneficios laborales. La remisión ocurrió el pasado 30 de julio, luego de que, según Provea, el Estado venezolano no cumpliera las recomendaciones formuladas por la CIDH ni ofreciera una solución efectiva a los afectados. El caso, identificado como 13.313, se remonta a demandas presentadas en septiembre de 1997 ante el entonces Tribunal de Carrera Administrativa. El origen de la controversia está en la negativa del Estado a aplicar a los jubilados aumentos salariales contemplados en la II Convención Colectiva de Trabajo, suscrita en marzo de 1997. A esto se sumaron errores en el cálculo de los años de servicio, una situación que, según la organización, generó un perjuicio económico que se ha prolongado durante décadas. La CIDH identificó además varias irregularidades en el recorrido judicial de las demandas, entre ellas demoras en su admisión y tramitación, cambios normativos que paralizaron los procesos, traslados entre tribunales y retrasos en la resolución de los recursos. El organismo concluyó que Venezuela vulneró los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, vinculados además con los derechos a la propiedad privada y a la seguridad social. Provea recordó que asumió la representación de los afectados ante la CIDH en 2008 y que posteriormente presentó varias solicitudes para conocer el avance del expediente. La Comisión determinó que los más de 28 años sin una decisión definitiva constituyen una violación de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora la Corte IDH deberá analizar el caso y determinar las eventuales responsabilidades internacionales del Estado venezolano. La CIDH solicitó que se contemplen reparaciones económicas, la culminación diligente de los procesos judiciales y programas de capacitación para funcionarios judiciales y administrativos, especialmente en materia de acceso a la justicia para personas en condición de vulnerabilidad.