План «Канцербер» направлен на восстановление контроля над тюрьмами и борьбу с организованной преступностью

En la mitología griega, Cancerbero era el perro de tres cabezas que custodiaba las puertas del inframundo. Su función era impedir que quienes entraban pudieran escapar y asegurar que aquel límite no fuera vulnerado. La referencia es potente para un país que necesita volver a cerrar una puerta que durante demasiado tiempo permaneció entreabierta: la del crimen organizado operando desde las prisiones. Pero lo sustantivo no está en el nombre escogido, sino en la decisión que hay detrás del Plan Cancerbero y en su capacidad para recuperar el dominio de los establecimientos penitenciarios, aislar a quienes dirigen estructuras delictuales y evitar que sigan ejerciendo poder desde donde deberían estar cumpliendo una sentencia. Durante años hemos visto cómo determinados recintos dejaron de funcionar exclusivamente como lugares de reclusión para convertirse en espacios desde los cuales algunos grupos continuaron coordinando actividades ilícitas, transmitiendo instrucciones y manteniendo redes activas. La paradoja es evidente: una persona puede estar físicamente encerrada y, sin embargo, conservar una parte importante de su capacidad para delinquir. Cuando eso ocurre, la condena pierde una parte esencial de su sentido y la autoridad queda reducida a una presencia formal. Por eso considero correcto que el gobierno del presidente José Antonio Kast haya decidido enfrentar este problema. No tengo ningún inconveniente en reconocer una medida que apunta en la dirección adecuada. No soy partidario de izquierdas ni de derechas; soy partidario de que las prioridades de la gente sean atendidas. Y hoy una de esas prioridades es evidente: quien comete un delito debe ser encontrado, llevado ante la justicia y, cuando corresponda, privado de libertad durante el tiempo establecido por la ley. Chile no llegó a esta situación de un día para otro. Durante las últimas dos décadas la criminalidad se transformó profundamente. A los delitos tradicionales se sumaron organizaciones más estructuradas, mayor disponibilidad de armas, sicariato, extorsiones y formas de violencia particularmente brutales, nunca vistas. Lo que antes parecía excepcional comenzó a formar parte de una realidad que hoy condiciona decisiones tan simples como la hora en que una persona vuelve a su casa, el trayecto que elige para desplazarse o el lugar donde permite que jueguen sus hijos. También debemos asumir nuestra cuota de responsabilidad. Durante demasiado tiempo tratamos la prisión como si fuera simplemente un intervalo en la vida de quien había infringido la ley: se le retiraba temporalmente la libertad, cumplía un determinado período y luego regresaba a la sociedad. Esa concepción resulta insuficiente frente a delitos de extrema gravedad. Por supuesto que cualquier persona privada de libertad conserva derechos y que las penas deben ejecutarse dentro del marco jurídico. Pero precisamente por respeto a la justicia, una sanción debe guardar relación con la magnitud de la conducta cometida y tener una ejecución que no termine vaciándola de contenido. Pensemos en quien es capaz de asesinar a un niño, de arrastrarlo durante varias cuadras hasta provocarle la muerte y de dejar detrás de sí una familia destruida y un país conmocionado. Frente a hechos de semejante brutalidad, la respuesta penal tiene que ser contundente y proporcional. No se trata de infligir sufrimiento por venganza, sino de establecer una consecuencia jurídica que refleje la gravedad del daño y que permita a la sociedad entender que existen límites que no pueden cruzarse impunemente. Por eso también corresponde abrir una conversación seria sobre el cumplimiento de las penas en los delitos más graves. Los beneficios y mecanismos de reducción pueden tener sentido dentro de una política penitenciaria orientada a determinados objetivos, pero no pueden terminar generando una distancia tan grande entre la sentencia impuesta y la sanción que finalmente se cumple que la ciudadanía deje de comprender qué significa una condena. Cuando la pena pierde credibilidad, también pierde fuerza la capacidad preventiva de la justicia. Cancerbero apunta precisamente a uno de los puntos donde esa credibilidad se juega: que quien está privado de libertad quede realmente apartado de la actividad criminal que desarrollaba en el exterior. Si un líder continúa impartiendo instrucciones, coordinando negocios ilícitos o manteniendo una red de subordinados desde una celda, entonces su encarcelamiento no ha conseguido neutralizar completamente su capacidad de daño. La prisión debe significar mucho más que estar físicamente detrás de una puerta. Ahí está, a mi juicio, el valor de la operación que está impulsando el Gobierno. Si consigue cortar las comunicaciones utilizadas para delinquir, separar a los cabecillas de sus organizaciones, fortalecer la capacidad de Gendarmería y restablecer una disciplina penitenciaria efectiva, estaremos ante una intervención que merece ser evaluada positivamente por sus resultados. Y si esos resultados se producen, no hay ninguna razón para escatimarle reconocimiento al Ejecutivo. En materia de seguridad, además, deberíamos abandonar de una vez la lógica según la cual toda política debe ser juzgada según el sector político que la propone. No importa el color del gato; lo que importa es que el gato atrape y destroce a las ratas. Si una administración consigue reducir la capacidad de acción del crimen, habrá que respaldarla en aquello que funciona. Si otra logra mejores resultados mañana, habrá que hacer exactamente lo mismo con ella. El ciudadano no necesita hinchadas políticas; necesita instituciones que den respuestas. Pero la batalla no termina tras los muros de un penal. La inseguridad se experimenta fundamentalmente afuera, en la vida cotidiana. Está en el trabajador que calcula a qué hora regresar, en la madre que espera un mensaje para saber que su hijo llegó, en el comerciante que decide cerrar antes de lo previsto y en el adulto mayor que deja de utilizar determinados espacios porque ya no siente que le pertenecen. Cada una de esas decisiones representa una pequeña renuncia de libertad frente al avance de la delincuencia. Ese es uno de los aspectos más graves del problema: el delito no solamente produce víctimas directas. También modifica la conducta de quienes nunca han cometido uno. Cuando una familia deja de salir, cuando un barrio pierde sus espacios públicos o cuando una persona cambia su recorrido por temor, el criminal ya está condicionando la vida de quienes cumplen las reglas. La respuesta, por lo tanto, no puede limitarse al sistema penitenciario. Carabineros necesita respaldo para actuar dentro de la ley; la PDI requiere capacidad para investigar organizaciones complejas; Gendarmería debe contar con autoridad suficiente para ejercer su función; y el Estado tiene que recuperar presencia en los lugares donde la delincuencia ha aprovechado el vacío institucional. Fronteras y puertos también forman parte de esta ecuación, especialmente cuando hablamos de organizaciones que operan más allá de nuestras fronteras. Y en ese esfuerzo hay una fuente de información que no deberíamos desaprovechar: quienes conocen el fenómeno desde el terreno. El funcionario policial que llega primero a un procedimiento, el investigador que lleva meses siguiendo una organización o el gendarme que conoce la dinámica de un recinto penitenciario poseen una experiencia que difícilmente puede ser reemplazada por un documento elaborado desde una oficina. Escucharlos no es un gesto simbólico; es una condición para diseñar políticas que funcionen cuando lleguen a la realidad. Chile necesita recuperar algo que durante demasiado tiempo pareció obvio: que vivir dentro de la ley sea una ventaja y no una desventaja. No puede ser que quien cumple las normas sea quien termine encerrándose en su casa, instalando rejas, modificando sus horarios y renunciando a espacios públicos, mientras quienes utilizan la violencia avanzan sobre ellos. Por eso, presidente Kast, si la operación que está detrás de Cancerbero consigue impedir que las organizaciones criminales continúen funcionando desde las prisiones, habrá dado un paso importante. Pero el desafío será todavía mayor: transformar esa recuperación del sistema penitenciario en una estrategia capaz de reducir el poder del crimen también en las calles, devolver espacios a la comunidad y reconstruir la confianza de quienes sienten que la autoridad dejó de protegerlos. No se trata de prometer una sociedad sin delitos, porque ninguna sociedad democrática puede aspirar seriamente a eso. Se trata de algo más concreto: que el delincuente vuelva a saber que enfrentará consecuencias reales y que la persona que cumple la ley vuelva a sentir que puede caminar por su barrio, trabajar, abrir su negocio y dejar salir a sus hijos sin que el miedo determine cada una de sus decisiones. Ese es, finalmente, el verdadero desafío de Cancerbero. Que las puertas de las prisiones vuelvan a representar una frontera que el crimen no pueda utilizar para continuar expandiéndose y que, al mismo tiempo, el Estado sea capaz de recuperar las calles que pertenecen a todos. Porque la seguridad no consiste únicamente en encerrar a quien delinque. Consiste en devolverle al resto de la sociedad la libertad que la delincuencia le ha ido quitando. Así las cosas y por mil veces más, que el criminal vuelva a tenerle miedo a la cárcel, que el ciudadano vuelva a perderle el miedo a la calle y que el miedo, finalmente, cambie de lado.