В Пуэрто-Рико запускают масштабное исследование экономического ущерба от засухи 2026 года

La Junta de Planificación (JP) comenzará a medir el impacto económico que está dejando la sequía este año en Puerto Rico, mediante un estudio que buscará cuantificar desde pérdidas e ingresos dejados de generar hasta gastos adicionales y efectos sobre el empleo. Para obtener los datos, el Programa de Planificación Económica y Social de la agencia enviará esta semana cuestionarios a empresas, organizaciones privadas, municipios, agencias y otras entidades del sector público. Entre la información que se solicitará figuran pérdidas económicas, ingresos que no pudieron generarse, costos adicionales, interrupciones en las operaciones, daños, gastos para mitigar los efectos de la sequía, asistencia recibida y posibles consecuencias sobre los empleos. Los resultados serán utilizados para establecer una estimación del costo económico de la emergencia y servirán de base al Gobierno para evaluar iniciativas de asistencia, reclamaciones, incentivos y otras medidas dirigidas a los sectores afectados. “El objetivo del estudio es contar con datos directos y verificables que nos permitan determinar con la mayor precisión posible el alcance real de la sequía sobre nuestra economía. Esta información es necesaria no solo para medir las pérdidas, sino también para que el Gobierno pueda contar con una base objetiva al momento de evaluar iniciativas de asistencia, reclamaciones, incentivos y otras medidas dirigidas a mitigar los daños y apoyar la recuperación económica”, expresó el presidente de la JP, Héctor Morales Martínez. La iniciativa ocurre en medio de la emergencia por sequía declarada mediante la Orden Ejecutiva OE-2026-035. Racionamiento en el área metropolitana Los efectos de la sequía ya se reflejan en el suministro de agua potable. Desde el pasado viernes, 7 de agosto, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) mantiene un plan de interrupciones programadas para comunidades abastecidas por el embalse Carraízo, cuyo nivel descendió por debajo del umbral establecido para mantener la operación regular del sistema. El plan divide a los abonados en dos zonas que alternan el servicio mediante ciclos de 48 horas y afecta sectores de San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Loíza, Canóvanas, Gurabo y Juncos. Carraízo permanece en la fase de ajuste operacional, mientras la AAA realiza ajustes en el sistema para recuperar y estabilizar el servicio después de cada periodo de interrupción. Sequías anteriores dejaron pérdidas millonarias La JP utilizará como referencia evaluaciones realizadas durante sequías anteriores, que reflejaron impactos económicos más allá de la agricultura. Durante la sequía de 1994-1995, el sector agrícola registró pérdidas estimadas en $93.9 millones durante el año fiscal 1994 y otros $100 millones durante el primer trimestre del año fiscal 1995. La agencia estimó además que el evento provocó una reducción del Producto Bruto a precios corrientes de $65.7 millones durante el año fiscal 1993-1994 y de $140 millones durante 1994-1995. Dos décadas después, la sequía de 2014-2015 dejó un impacto económico estimado en $23 millones, posteriormente ajustado a $22.7 millones al tomar en consideración los ingresos recibidos por los agricultores. De esa cantidad, $13.8 millones correspondieron al sector agrícola, $3.9 millones a manufactura, $2.8 millones a servicios y $2.5 millones al Gobierno. En el caso de la manufactura, también se identificaron $3.4 millones en gastos adicionales y aproximadamente $500,000 en ingresos dejados de generar. “Las experiencias anteriores nos ofrecen un punto de referencia importante, pero cada evento presenta condiciones distintas. Por eso necesitamos conocer directamente cómo esta sequía está afectando las operaciones, los sectores productivos y el empleo”, sostuvo Morales Martínez. El funcionario exhortó a las entidades que reciban los cuestionarios a completarlos para que la agencia pueda obtener una muestra representativa de las consecuencias de la emergencia. Una vez recopilada y analizada la información, la JP espera producir una estimación del impacto económico de la sequía de 2026 que pueda utilizarse para evaluar medidas de recuperación y desarrollar política pública ante futuros episodios de sequía.