Экологисты призывают перестать искать новые права для природы и начать исполнять существующие законы

Hace unos días retomé las clases de Derecho Ambiental en la facultad, y uno de los primeros debates del cuatrimestre terminó llevándome bastante más lejos de lo que esperaba. Discutíamos si el ambiente debe seguir siendo considerado un objeto de protección jurídica o si, en cambio, deberíamos reconocerlo —a él o a alguno de sus componentes— como sujeto de derecho. La mayoría de mis alumnos se inclinó por la segunda opción. Yo, no. Y no porque crea que un río, un bosque o una montaña merezcan menos protección. Todo lo contrario. Mi planteo es bastante más elemental. ¿Qué solucionamos reconociéndolos como sujetos de derecho? El art. 41 de la Constitución Nacional reconoce el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano y, al mismo tiempo, impone a las autoridades el deber de proveer a su protección. Después vinieron leyes de presupuestos mínimos, normas provinciales que las complementan, principios de prevención y precaución, instrumentos como la evaluación de impacto ambiental y la participación ciudadana, y una enorme construcción jurisprudencial. Entonces no es que haya un desierto normativo o que estemos ante un problema de reconocimiento de derechos. El problema es principalmente de incumplimiento. De las normas, de los principios y de los mandatos que ya existen. Sin embargo, cada vez que la realidad demuestra la ineficacia de aquello que ya tenemos, nuestra reacción parece ser la misma. Pedir algo nuevo. Una ley. Una declaración. Otro derecho. Como si las palabras escritas en una norma tuvieran alguna propiedad mágica capaz de modificar la realidad. Tenemos un ejemplo bastante cerca. Hace décadas que conocemos el deterioro del lago San Roque. Cianobacterias, exceso de nutrientes, descargas cloacales y periódicas imágenes de sus aguas convertidas en un cóctel difícil de asociar con el ambiente sano que promete nuestra Constitución. Sabemos que existe el problema. Sabemos buena parte de sus causas. Tenemos normas, autoridades de aplicación, organismos de control y herramientas judiciales para actuar. Pero el lago sigue contaminado. Quizás nos falte algo. Hagámoslo sujeto de derecho. Reconozcámosle personalidad jurídica. Otorguémosle derecho a existir, regenerarse y permanecer libre de contaminación. Designémosle representantes. Publiquemos la norma en el Boletín Oficial. Y esperemos. A lo mejor las cianobacterias, anoticiadas de su nueva condición jurídica, decidan retirarse. Tal vez los líquidos cloacales, respetuosos del ordenamiento, hagan lo propio. Por supuesto que nada de eso ocurriría. Es que el San Roque no necesita nuevos derechos. Hay que cumplir las obligaciones que ya existen para protegerlo. Mientras tanto, el daño ambiental continúa y se agrava. Discutimos categorías jurídicas y confundimos el debate con la solución. Hay algo casi infantil en nuestra relación con el derecho. Frente a un problema reclamamos una ley; cuando no se cumple, pedimos otra; cuando tampoco alcanza, reconocemos un derecho nuevo. Y festejamos, porque la declaración produce una satisfacción inmediata que el cumplimiento no ofrece. Hay que controlar, fiscalizar, hacer las obras, litigar, y conseguir que un proceso ambiental no demore años y que la sentencia, cuando llega, se cumpla. Esa parte es bastante menos atractiva. Esta vez, el problema somos nosotros. Es fácil responsabilizar al Estado, y las razones sobran. Gobiernos que no controlan, organismos ausentes, procesos judiciales eternos, autoridades que recuerdan sus obligaciones cuando hay una cámara encendida y las olvidan cuando hay que ejecutarlas. Pero ahora la pregunta la dirijo hacia el otro lado. ¿Y nosotros? Porque hay también una sociedad que se acostumbró a aceptar declaraciones como sustitutos de resultados. Nos indignamos, reclamamos una ley, festejamos cuando se sanciona, compartimos la noticia, y poco después dejamos de preguntar en qué quedó eso. Una sociedad jurídicamente madura debería hacerse preguntas bastante más básicas. ¿Quién tenía la obligación de evitar el daño y por qué no lo hizo? ¿Quién debía controlar y no controló? ¿Quién debía ejecutar las obras y no las hizo? ¿Intervino la Justicia? ¿Cuánto demoró? ¿Su decisión solucionó algo? Eso es ejercer derechos. Lo demás es pura retórica. Aunque no comparta la idea de que el ambiente pueda ser sujeto de derecho, el debate enriquece. Lo que llama la atención es que hayamos desarrollado una suerte de pensamiento mágico según el cual modificar la condición jurídica de una realidad terminará modificando la realidad misma. Como niños que escriben una carta, la dejan debajo del árbol y se van a dormir convencidos de que durante la noche alguien hará el resto. Ya estamos grandes, y los Reyes Magos no existen. En vez de concentrarnos en la cantidad de derechos que logramos reconocer, deberíamos poner el foco en nuestra capacidad para hacer efectivos los que ya tenemos. Y antes de pregonar la personalización de bienes o valores ambientales, preguntarnos qué estamos haciendo para que las normas que ya los protegen se cumplan. Es que tal vez al ambiente no le falten nuevas palabras, quizá nos falte una sociedad que deje de creer que pronunciarlas alcanza para cambiar la realidad. (*) Abogado en causas ambientales de relevancia social. Docente de Derecho de los Recursos Naturales y Ambiental y de Derecho Público Provincial y Municipal (Facultad de Derecho – UNC). Presidente Fundación Club de Derecho.