Власть Колумбии объявила о финансовой поддержке бизнеса жертвы нападения с кислотой Серхио Моголлона

El caso de Sergio Mogollón, reconocido como el primer hombre víctima de un ataque con ácido en Colombia del que se tiene registro oficial, ha vuelto a tomar relevancia pública tras la difusión de su trayectoria personal y empresarial, así como por las gestiones de apoyo institucional anunciadas por las autoridades económicas entrantes. “Son racistas”: tras ser víctima de ataque con ácido, María Consuelo Córdoba se despachó contra Petro y otros exmandatarios Mogollón fue víctima de una agresión con químico el 9 de diciembre de 2011, cuando intentaba proteger a su pareja de un intento de robo. El impacto de las lesiones le ocasionó la pérdida total de la visión durante dos años y medio, así como la pérdida irreversible de uno de sus ojos. A pesar de los daños físicos y las barreras operativas que enfrenta en su día a día, el diseñador y publicista de profesión ha desarrollado un proyecto empresarial en el sector automotriz que hoy emplea a varias personas en el país. A lo largo de más de una década desde la agresión, Mogollón se ha enfocado en la construcción de su taller especializado en estética y modificación de vehículos, denominado Vision and Design. Gente Gente Según ha relatado en entrevistas públicas con Revista Semana, el proceso comenzó en un espacio de pequeñas dimensiones hace diez años, sorteando quiebras previas en agencias de publicidad y las secuelas médicas derivadas de la agresión. “Yo no me justifico en el ácido, nunca lo he utilizado como excusa. El ácido me enseñó de qué soy capaz. Hoy en día manejo, genero empleo y trabajo”, afirmó Mogollón durante la entrevista, señalando que su enfoque profesional ha estado orientado a la búsqueda de oportunidades laborales competitivas en lugar de subsidios directos. Un punto de quiebre en la consolidación de su negocio ocurrió en 2018, cuando logró posicionar sus servicios dentro del nicho de vehículos de alta gama tras atender requerimientos de clientes del sector médico y empresarial. Sin embargo, como ocurre con diversos proyectos productivos en la fase de escalamiento, la compañía ha enfrentado complejidades de liquidez e imponderables financieros durante los últimos años, lo que limitó sus opciones de acceso a financiamiento tradicional con la banca comercial. Frente a este escenario, la administración entrante anunció la incorporación del caso de Mogollón dentro del esquema denominado Ruta Milagro, una iniciativa coordinada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) bajo la designación de Mauricio Gómez Amín. La estrategia busca intervenir en historias de emprendimiento que requieran fortalecimiento técnico y solvencia para su sostenibilidad operacional. Específicamente, se contempla la vinculación del emprendimiento a mecanismos de Bancóldex para facilitar: Líneas de redescuento de facturas: Mecanismo financiero para dinamizar el flujo de caja inmediato. Créditos para capital de trabajo: Acceso a liquidez bajo tasas de interés preferenciales y condiciones adaptadas a las métricas del taller. Acompañamiento en gobernanza corporativa: Asesoría técnica integral para corregir falencias administrativas y contables detectadas en el modelo de negocio. Gómez Amín sostuvo que el objetivo central es brindar un respaldo estandarizado que permita la viabilidad del taller, supeditado al cumplimiento de compromisos operativos por parte de la empresa. Quién era Jonathan Meléndez, integrante de famosa banda que fue asesinado junto a su esposa embarazada y su hija En Colombia, la respuesta legislativa e institucional ante las agresiones con químicos tuvo un viraje normativo significativo años después del caso de Mogollón, especialmente con la promulgación de la Ley 1773 de 2016 (conocida como Ley Natalia Ponce), la cual tipificó los ataques con ácido como un delito autónomo con severas penas de prisión e incluyó protocolos de atención integral en salud para las víctimas. El desarrollo de este caso pone nuevamente sobre la mesa la discusión acerca de la efectividad de las rutas de inclusión económica para sobrevivientes de violencia o agresiones en el país, evaluando si el acceso a financiamiento puede convertirse en una herramienta sostenible para la autonomía financiera de las víctimas.