33 года назад порт Баия-Бланка перешел от федерального центра к провинциальному консорциуму

Una transformación que comenzó antes de la ley y que encontró su punto decisivo el 1 de septiembre de 1993, cuando el Estado nacional transfirió el puerto a la Provincia y ésta al flamante Consorcio de Gestión. Foto: Emmanuel Briane-La Nueva. [email protected] La historia del primer puerto autónomo de la Argentina no comenzó el 1 de septiembre de 1993. Esa fecha quedó grabada como el momento en que las sirenas de los buques amarrados en Ingeniero White y Puerto Galván anunciaron la transferencia oficial del puerto de la Nación a la Provincia de Buenos Aires y, de ésta, al nuevo Consorcio de Gestión.  Pero detrás de aquel acto había varios años de discusiones, proyectos y gestiones que habían comenzado a modificar la relación entre Bahía Blanca y el Estado nacional. El cambio se produjo en un momento en que el sistema portuario argentino atravesaba una profunda transformación. Durante décadas, los puertos habían sido administrados directamente desde Buenos Aires, bajo una estructura que en el caso bahiense era considerada excesivamente burocrática y distante de las necesidades de la región. La idea que comenzaba a ganar fuerza era que los propios actores vinculados con la actividad debían tener participación en las decisiones y que el puerto debía contar con herramientas para administrar sus recursos, definir prioridades y proyectar su crecimiento. En Bahía Blanca, además, existía una condición que hacía especialmente atractiva esa posibilidad: el puerto había dado, pocos años antes, un salto fundamental con la obra de dragado del canal de acceso y de los sitios interiores a 45 pies de calado. Los trabajos, iniciados en 1989 y concluidos en 1992, habían consolidado a la estación marítima como uno de los principales puertos de aguas profundas del país. Una idea que empezó a tomar forma Uno de los hombres fundamentales de aquel proceso fue José Egidio Conte, un histórico funcionario portuario que había comenzado a trabajar en los muelles en 1956 y que durante más de tres décadas ocupó distintas responsabilidades hasta convertirse en administrador local de la Administración General de Puertos. Conte había conocido de cerca otros modelos de gestión portuaria y comprendía que la descentralización podía representar una oportunidad inédita para Bahía Blanca. Años más tarde recordaría que un funcionario de la Administración General de Puertos le había planteado directamente el desafío: “vaya preparando una organización porque le vamos a devolver los puertos a las provincias, con la condición de que sean autónomos”. Conte había conocido poco antes el puerto francés de Le Havre y comenzó a recopilar documentación sobre su funcionamiento. La idea dejó de ser entonces una discusión teórica y comenzó a traducirse en reuniones y documentos. El 18 de diciembre de 1990 se produjo uno de los primeros pasos formales. En el salón La Siempre Verde, de Ingeniero White, se reunieron representantes de entidades empresarias, sindicales y del municipio, convocados por la entonces Administración General de Puertos Sociedad del Estado. El objetivo era comenzar a elaborar un proyecto de estatuto y un sistema de organización para el futuro ente autónomo del puerto bahiense. Aquella reunión resulta significativa porque muestra que la autonomía no fue simplemente una decisión administrativa tomada desde La Plata o Buenos Aires. En Bahía Blanca ya existía una comunidad portuaria que comenzaba a discutir cómo debía funcionar el puerto si las decisiones dejaban de estar concentradas en el Estado nacional. La ley que abrió la puerta El paso decisivo llegó el 3 de junio de 1992, cuando el Congreso de la Nación sancionó la Ley 24.093, conocida como Ley de Actividades Portuarias. La norma habilitó la transferencia a las provincias de los puertos que eran propiedad del Estado nacional y estableció las condiciones bajo las cuales debía realizarse ese proceso. Para los puertos incluidos en el artículo 12, como el de Bahía Blanca, se estableció la necesidad de constituir sociedades de derecho privado o entes públicos no estatales para su administración. La lógica era clara: el Estado dejaba de manejar directamente los puertos y transfería la administración a estructuras con mayor autonomía, participación de los actores de la actividad y capacidad para tomar decisiones vinculadas con el desarrollo de cada estación marítima. El artículo 12 planteaba, además, una característica novedosa: los nuevos entes debían asegurar la participación de los distintos sectores vinculados al quehacer portuario, entre ellos operadores, prestadores de servicios, productores y usuarios, trabajadores y otros actores de la actividad, junto con representantes de la provincia y de los municipios donde estuviera emplazado cada puerto. Para Bahía Blanca, la oportunidad estaba planteada. De idea a realidad La sanción de la ley nacional no significó automáticamente el nacimiento del puerto autónomo. Había que construir el instrumento institucional que permitiera concretar el traspaso. Y Bahía Blanca volvió a tomar la delantera. El 5 de julio de 1993 la Legislatura bonaerense sancionó la Ley 11.414, promulgada al día siguiente, mediante la cual se creó el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca como ente de derecho público no estatal. La misma norma creó también el Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén. La ley estableció que estos entes tendrían a su cargo la administración de los puertos y aprobó los estatutos que determinarían su funcionamiento. La nueva estructura no sería una dependencia más de la administración provincial. El Consorcio tendría individualidad jurídica, financiera, contable y administrativa, y una capacidad de decisión mucho mayor sobre el funcionamiento del puerto. El diseño institucional también buscó representar a la comunidad portuaria. El Directorio quedó conformado por nueve integrantes provenientes de distintos sectores públicos y privados relacionados con la actividad: la Provincia, la Municipalidad de Bahía Blanca, los trabajadores, las empresas prestatarias de servicios, concesionarios y permisionarios, armadores y agencias marítimas, productores primarios y sectores de comercialización. El primer directorio El gobernador Eduardo Duhalde designó el 15 de julio de 1993, apenas diez días después de la sanción de la ley, a los integrantes del primer Directorio. La presidencia quedó en manos de José Egidio Conte, acompañado por Oscar Doria, Carlos Sosa, Andoni Irazusta, Valentín Morán, Adalberto Thomas, Arturo Hosch, Vicente Andreani y Reinaldo Reiner. Una semana más tarde, los integrantes asumieron sus funciones. La designación de Conte tenía además un fuerte componente simbólico. El hombre que había trabajado durante décadas dentro de la estructura portuaria nacional pasaba ahora a encabezar el primer organismo que representaba el nuevo modelo de administración autónoma. El propio Conte había sido uno de los principales impulsores de la descentralización y, años después, fue reconocido como una figura central de la transformación que atravesó el puerto durante la década del 90. El día en que cambió la administración Finalmente llegó el 1 de septiembre. Ese día se realizó la transferencia oficial del Puerto de Bahía Blanca. El Estado nacional transfirió su administración y dominio a la Provincia de Buenos Aires y, en la misma fecha, la Provincia transfirió su administración y explotación al Consorcio de Gestión. Las actas de transferencia fueron posteriormente ratificadas por la legislación bonaerense. Así, Bahía Blanca se convirtió en el primero de los puertos incluidos en el artículo 12 de la Ley de Actividades Portuarias en constituir su ente administrador. Por esa razón, desde aquel 1 de septiembre de 1993, el puerto bahiense es considerado históricamente el primer puerto autónomo de la República Argentina. La fecha marcará este año 33 años de una experiencia que comenzó como una apuesta por terminar con el centralismo en la administración portuaria y darle a Bahía Blanca capacidad para definir su propio destino. De la autonomía al desarrollo La autonomía no fue un punto de llegada sino el comienzo de una nueva etapa. Con el primer Directorio encabezado por Conte comenzó un proceso de modernización que buscó transformar las instalaciones, mejorar la eficiencia, ampliar las operaciones y atraer nuevas inversiones. El Consorcio impulsó, entre otras iniciativas, el Plan Director del Puerto aprobado en 1995, que permitió ordenar la expansión territorial, proyectar nuevas áreas, mejorar las vías de comunicación y planificar el crecimiento de las cargas. También se avanzó en sistemas de control de tráfico marítimo, mejoras en el balizamiento y distintas obras de infraestructura. En los años siguientes, aquel modelo de administración se convirtió en una referencia para otras estaciones portuarias argentinas. La Provincia de Buenos Aires señala que después de Bahía Blanca y Quequén se fueron creando nuevos consorcios en La Plata, Mar del Plata, San Pedro, Olivos, Dock Sud, San Nicolás y Coronel Rosales. Pero el origen de todo ese proceso quedó asociado a un día y a un lugar. El 1 de septiembre de 1993, en Ingeniero White, Bahía Blanca dejó atrás un modelo de administración portuaria que durante décadas había dependido del Estado nacional y puso en marcha una estructura propia. Treinta y tres años después, aquella decisión continúa formando parte de la identidad de una ciudad cuya historia económica, industrial y productiva está indisolublemente ligada a su puerto.